El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, ejerció su derecho de defensa durante la audiencia de prisión preventiva en la que se define su libertad. El Ministerio Público solicitó 36 meses por los cargos de organización criminal y cohecho activo genérico, en el marco de la investigación del caso ‘Los hijos del cóndor’.
La autoridad, quien permanece detenido desde hace un mes, pidió al juez José Málaga afrontar el proceso en libertad. Durante unos diez minutos, Cáceres Llica se defendió de la acusación fiscal culpando a sus funcionarios de haberse tomado su nombre para cometer actos irregulares.
Cáceres Llica también se dirigió a la consejera Chriss Díaz, quien grabó las conversaciones y develó la presunta organización criminal ‘Los hijos del cóndor’.
“Hago un mea culpa, mi gran error fue no denunciar a la consejera Chriss Díaz cuando me chantajeaba”, pronunció en la audiencia. Asimismo, indicó que ella pertenece a la agrupación política Arequipa Renace de su rival político el exalcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra.
Con relación a las grabaciones ofrecidas como pruebas en su contra, el gobernador afirmó que fueron manipuladas y editadas. Además, que no se ha demostrado que los audios sean auténticos.
Gobernador de Arequipa desconocía de irregularidades
El gobernador Elmer Cáceres Llica defendió su inocencia argumentando que desconocía que sus funcionarios hacían entrega de tierras a las asociaciones Sol Radiante y Pampas Bayas. También dijo que hasta su detención no conocía al dirigente Mario Jacobo Jacobo, quien además pertenece a la agrupación política Arequipa Transformación.
De igual manera, mencionó que el Gobierno Regional de Arequipa decidió encargarse de la administración de tierras de Autodema, debido a que sus funcionarios habían entregado tierras a un alcalde y eran mal utilizadas.
Elmer Cáceres Llica apeló a su condición de provinciano para defenderse. Indicó que los grandes medios de derecha lo han discriminado por ser cayllomino. Dijo que proviene de una familia de políticos y que nunca ha tenido la intención de robar a su pueblo.
«Debo reconocer que yo hice promesas políticas a los consejeros que no podía cumplir. Como las promesas de vender el avión presidencial, eliminar el sueldo presidencial«, en alusión a los últimos compromisos dirigidos del presidente Pedro Castillo.
Finalmente, pidió al magistrado que le permita ser investigado en libertad al igual que otros políticos que enfrentan acusaciones de corrupción.
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