Las comunidades en conflicto en el corredor minero del sur han reafirmado su decisión de seguir manifestándose de forma pacífica, garantizando el tránsito de los vehículos particulares, en espera que las autoridades del ministerio de Energía y Minas lleguen a la zona para retomar las mesas de diálogo con la empresa minera MMG Las Bambas.
El Secretario General del Frente de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas, Wilber Fuentes Agüero, dijo que las causas del conflicto las generó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Así también, lo hicieron el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y principalmente la empresa minera. Las operaciones de la minera atraviesan el territorio de sus comunidades y dejan una serie de afectaciones ambientales que a la fecha no se atienden.
El problema se inició cuando el MTC, el 2016, reclasificó la vía, ubicada en tierras comunales, convirtiéndola en vía nacional. «Lo hizo de forma arbitraria, sin consulta, despojándonos de nuestra propiedad comunal, en beneficio principalmente de la empresa minera Las Bambas, que hace uso para transporte de encapsulados de mineral. Esto provoca impactos sociales ambientales como vibración, ruido y el polvo (material particulado) que cae sobre pastos y agua», explica Fuentes.
¿Qué es lo que piden las comunidades a la empresa?
Lo que están solicitando son tres puntos. El primero, que se anule la Resolución Ministerial que en el 2016 volvió sus propiedades en vía nacional, sin respeto de la propiedad privada. Y además, con las consecuencias ambientales ya detalladas.
En segundo lugar, que la empresa Las Bambas realice una modificatoria del estudio de impacto ambiental (MEIA); y cumpla con la resolución del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Este organismo, en el 2019, ya determinó los grados de contaminación del ambiente con valores por encima de los estándares internacionales. Luego, debe presentar su propuesta al Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), para que sea evaluada.
Y en tercer lugar, que se incluya a las comunidades a la cadena de valor, es decir, que sean proveedoras de bienes y/o servicios a la empresa minera con los costos que se ofrecen para empresas transnacionales ya que aseguran que están en capacidad de cumplir con los estándares de calidad de servicio que la mina exige. No queremos que se consideren otros valores por ser empresas comunales, haciendo visible su discriminación y clasificación en la que nos minimizan.
“No podemos permitir un trato discriminatorio, exigimos igualdad, más aún si están pasando sobre nuestro territorio y afectando a nuestras comunidades. Pedimos simplemente que la empresa cumpla con su responsabilidad ambiental y social”, precisó Fuentes.
¿Cuál es la situación actual?
Desde que la empresa minera MMG Las Bambas anunciara el cese de operaciones debido al bloqueo de carreteras, se ha creado una contraposición entre sus habitantes. Comerciantes y pequeños empresarios de Chalhuahuacho (Apurímac) llegaron este jueves a Lima para pedir al gobierno de Pedro Castillo tomar medidas para evitar el cierre de la mina.
Según los pobladores del distrito de Cotabambas, su presupuesto depende de Las Bambas por lo que no entiende cómo algunos comuneros insisten en el bloqueo de las vías de acceso a la planta, lo que genera pérdidas millonarias y pone en grave riesgo miles de puestos de trabajo.
Estos pequeños empresarios de Chalhuahuacho operan en los rubros de hotelería, restaurantes, lavandería y transporte, y la mina representa la única oportunidad que tienen para obtener los recursos económicos que necesitan a fin de mejorar su calidad de vida. Asimismo, por los montos que paga la minera por concepto de canon y regalías.
Pedirán indemnización y fondo de compensación social
Si la empresa cesa definitivamente las operaciones de la mina habría un grave perjuicio para toda la región que tendría que compensar el gobierno de Pedro Castillo mediante una indemnización, que les permita recuperar las pérdidas ocasionadas en el comercio de la región.
Según los pobladores, si el gobierno no soluciona el bloqueo, se tendría que agregar los 800 millones de soles que están pidiendo los alcaldes de Apurímac. Con estos recursos ejecutarían los proyectos de desarrollo previstos para el próximo año.
El fondo de compensación social es el dinero que la región proyectaba percibir por concepto de regalías y canon, para cumplir con los proyectos de desarrollo programados para el ejercicio 2022. Según el oficio enviado a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, estas manifestaciones “ponen en grave riesgo la asignación de regalías contractuales y el canon minero”.
Proponen gobierno abra ruta alterna para Las Bambas
Precisamente, el fondo de compensación social que plantean equivale al dinero que la región proyectaba percibir por concepto de regalías y canon. Es lo presupuestado para proyectos de desarrollo programados en el ejercicio 2022.
Asimismo, propusieron al Ejecutivo habilitar una ruta alterna para poder trasladar el concentrado de cobre y la provisión de insumos a la operación minera.
“No es posible que algunas comunidades pequeñas de otra región (Cusco) afecten la economía de todo un país y de toda una región (Apurímac). Se debe tomar acciones de excepcionalidad con carácter de urgencia”, apuntaron.
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