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Ayacucho: Denuncian a Boluarte por presuntos delitos de genocidio y homicidio calificado

Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tendrá que resolver caso de diez personas fallecidas en manifestaciones el pasado 15 de diciembre en esta región

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Familiares de los diez jóvenes que murieron en las protestas denunciaron a presidenta Boluarte ante la Fiscal de la Nación.

La denuncia contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por los presuntos delitos de genocidio y homicidio calificado, a raíz de las diez muertes registradas el pasado 15 de diciembre en medio de las protestas, fue derivada al despacho de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Así lo dispuso la fiscal provincial Karen Obregón Ubaldo, de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y en Delitos de Terrorismo de Ayacucho.

Como se recuerda, esta demanda se produjo por iniciativa de los abogados Abimael Méndez Conde, Yuri Martínez Ochoa, Víctor Porras Rivera y Jack Diburga Cuba. No solo acusan a la jefa de Estado, sino también a quien fue presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo. Y a los ministros Alberto Otarola (Defensa) y César Cervantes (Interior).

Asimismo, están comprendidos altos mandos policiales, entre ellos el jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho, general PNP Antero Mejía Escajadillo. Y el comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, general EP Jesús Vera Ipenza. Además, el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular).

Se abrió investigación a quienes resulten responsables

Con esta acusación fiscal se abrió investigación preliminar por 60 días contra Antero Mejía y Jesús Vera Ipenza. Además, los que resulten responsables por los decesos de manifestantes producidos durante la protesta del 15 de diciembre contra el gobierno de Dina Boluarte.

En este plazo se deberán practicar diligencias requeridas como las verificaciones del estado de los heridos en las protestas, la necropsia de los cadáveres de las víctimas, el informe médico legal respectivo y la toma de declaración de los investigados.

Los familiares de los diez jóvenes fallecidos aseguran que no descansarán hasta que obtengan justicia o, por lo menos, algún tipo de reparación por parte del Estado, teniendo en consideración que a todos ellos los atacaron con armas de fuego. Además, los militares no habrían actuado conforme establece la norma del uso de armamento.

Fuente: Jornada, integrante de la Red de Medios Regionales del Perú

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