Una jornada larga y reveladora. Así ha sido el primer día de la audiencia de prisión preventiva contra el exalcalde de La Joya, Gilmar Luna Boyer, y otras 11 personas investigadas por el caso “Los traficantes de la Pampa”.
La exautoridad es señalada de formar parte de una organización criminal cuyos hilos eran manejados por el dirigente y excandidato a gobernador de Arequipa, Juan Valencia Postigo.
Según la investigación de la Fiscalía de Crimen Organizado de Arequipa, “Los traficantes de la Pampa” fueron una organización que se constituyó para adueñarse ilegalmente de las pampas de La Joya, para posteriormente traficar y lucrar con ellas.
La fiscal del caso, Alejandra Cárdenas, expuso en audiencia las acciones ilícitas que llegó a cometer la presunta organización criminal. Estos hechos perjudicaron, no solo al Estado, sino a numerosas personas que resultaron agredidas y estafadas con el cuento de la vivienda propia.
El caso fue ya declarado complejo por la fiscalía. La cantidad de involucrados y la abundancia de las pruebas lo ameritan. Prueba de ello son las 28 mil hojas que contienen el requerimiento de prisión preventiva de 36 meses solicitado para cada uno de los imputados.
Tras terrenos de La Joya
La fiscal Alejandra Cárdenas reconstruyó los inicios y primeros pasos que dio Juan Valencia Postigo, fundador de la supuesta organización criminal. Esta historia comenzó en la década de los 80, a finales de la reforma agraria.
El Estado, a través del Ministerio de Agricultura, firmó un convenio con la Asociación de Proyectos de Irrigaciones Privadas de La Joya (ASPRIDI). A través de un contrato, adjudicó temporalmente más de 4 mil 300 hectáreas de terrenos eriazos de las Pampas de la Joya. El propósito era que ASPRIDI realice los estudios para la ejecución de proyectos de irrigación.
Sin embargo, los terrenos fueron ocupados por Juan Valencia Postigo y su asociación. Para ello, consiguió que el entonces alcalde del centro poblado de San Camilo, Santos Zambrano Ramos, le adjudicara las tierras de manera perpetua, mediante una escritura imperfecta.
De esta manera, el dirigente comenzó a adueñarse de más de 700 hectáreas de las pampas de La Joya para luego venderlos a través de la asociación Aspproducto.
La fiscal Alejandra Cárdenas indicó que el dirigente se valió de documentos falsos y otros con contenido falso para captar compradores.
Esto, a pesar que había un proceso judicial entre la asociación y el Ministerio de Agricultura que concluyó con la reversión de las tierras al Estado en el 2016.
Una organización criminal
La fiscal Alejandra Cárdenas ha sustentado en la audiencia que Los Traficantes de la Pampa estuvieron activos desde el 2016 a la fecha. El líder era Juan Valencia Postigo y su lugarteniente Maritza Callachet Quiroz.
Dentro de su estructura había un brazo ejecutor que acataba todas sus órdenes. Se encargaban de los cobros a los socios y de los desalojos violentos a quienes los desafiaban y desobedecían.
También tenía un brazo legal que asesoraba al dirigente y a la asociación. Una red de protección conformada por policías en actividad que obstruían las denuncias en su contra y, finalmente, colaboradores como el exalcalde Gilmar Luna y el exjuez de paz Fausto Quirita.
Cada uno de los integrantes tenía roles fijos y códigos de conducta que los distinguían como una organización jerárquica.
Entre los delitos que se les atribuyen están el de organización criminal, estafa agravada, fraude procesal, cohecho pasivo, entre otros.
El rol del exalcalde Gilmar Luna
De acuerdo a las investigaciones, existió una relación entre el dirigente Juan Valencia Postigo y el exalcalde distrital de La Joya, Gilmer Luna Boyer, que ha calificado como un tráfico de influencias.
El alcalde pidió en su momento a su gerente de Desarrollo Social que reconozca a la ahora cooperativa Aspproducto, sin cumplir con el trámite correspondiente. A su gerente de Catastro y Desarrollo Urbano le solicitó hacer una verificación de los terrenos que ocupaba la asociación para lograr posteriormente la visación de los planos. A cambio recibiría posesiones para su madre y familiares.
Luna Boyer también aprobó la ordenanza municipal N°08-2019 que modificaba el TUA y establecía que para recibir el servicio de agua por cisterna tenían que presentar la constancia de posesión con la firma del presidente de la asociación, es decir, de Juan Valencia Postigo.
El apoyo del exalcalde sería retribuido con dinero y votos para la campaña política que hizo a la alcaldía provincial de Arequipa, en el 2022.
Entre las pruebas que ha recabado la fiscalía para dar peso a su solicitud de prisión preventiva están las declaraciones de hasta 14 testigos protegidos. También las denuncias por desalojo que formularon decenas de socios en contra de la organización criminal.
La audiencia continuará este martes con la lectura de los elementos probatorios recabados durante la investigación.
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