La Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos le ha dado un plazo de 60 días al Gobierno peruano, a fin de que entregue información sobre las denunciadas violaciones a derechos humanos durante las protestas.
“Es deber del Estado, desde todos sus poderes e instituciones, asegurar a todas las personas la posibilidad de expresarse pacíficamente sus opiniones sin ningún temor, así como de ejercer sus derechos de libertad de asociación y reunión”, se lee en el documento.
El documento de la ONU, que ya está en manos de la canciller Ana Cecilia Gervasi, Alberto Otárola y Dina Boluarte, menciona que el gobierno hizo un uso desproporcionado de la fuerza en las protestas y otros actos de violencia. Por eso, en este plazo, deberá entregar información precisa sobre los graves hechos denunciados ante esa oficina de la ONU, que atentan contra los derechos humanos.
Según el documento, las denuncias están vinculadas a las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, estigmatización de la protesta, acoso y “terruqueo” a defensores de DD.HH. y periodistas. Así también, el uso abusivo del término “terrorismo” y uso de gases lacrimógenos o balines.
De igual forma, Boluarte tendrá que detallar “las políticas vigentes y los programas de formación para prevenir el uso excesivo de la fuerza” en manifestaciones. Al igual que las facultades otorgadas a los organismos encargados de hacer cumplir la ley en las protestas, entre otros aspectos más.
“A la espera de su respuesta, quisiéramos instar al gobierno de su excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas”.
ONU: “Se reportan torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes de personas detenidas en las comisarías“
El texto de la ONU contextualiza todo lo ocurrido en Perú desde que Boluarte asumió la presidencia tras la vacancia de Pedro Castillo, el pasado 7 de diciembre del 2022. Precisan que, “se ha recibido información de que la situación de vulnerabilidad de personas del sector campesinos y de pueblos indígenas ha incrementado”.
Asimismo, indican el número de fallecidos en base a los datos de la Defensoría del Pueblo y la declaratoria de Estado de Emergencia en distintas regiones del país que se efectuó desde diciembre del 2022. Detalla que han recibido información sobre que “los métodos utilizados por la fuerza pública habrían ocasionado ejecuciones extrajudiciales y detenciones supuestamente arbitrarias de manifestantes”. Incluso menciona que “se reportan torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes de personas detenidas en las comisarías o bajo algún tipo de custodia”.
Todos murieron por bala y a manos de la policía
La ONU indica que los informes de la autopsia y análisis forenses “habrían revelado que todas las muertes en Puno habrían sido causadas por heridas de bala”. Seis de éstas con “restos de municiones de fusil AKM”.
Y todas las muertes, habrían sido a manos de la policía, en contraste a lo que la presidenta señaló diciendo que las muertes del 9 de enero en Puno fueron provocadas por “personas no vinculadas a las fuerzas de seguridad”.
“Sin embargo, una investigación basada en los informes de autopsias y análisis forenses habría revelado que todas las muertes en Puno habrían sido causadas por heridas de bala”, precisan en el documento.
La ONU recopiló los hechos violentos en las protestas
La misiva también recopila los hechos de violencia que se han registrado durante las protestas. Entre el 11 y 12 de diciembre, los enfrentamientos entre policías y manifestantes en Apurímac, dejaron seis civiles fallecidos (todos menores de 19 años). Además de 54 heridos.
La ONU también menciona el fallecimiento de diez personas en Ayacucho el 15 de diciembre, incluido un menor de edad. Los enfrentamientos se dieron en los exteriores del aeropuerto Alfredo Mendívil.
Ya en 2023, el documento menciona los enfrentamientos del 9 de enero en la ciudad de Juliaca, Puno. Ese día se vivió la jornada más violenta con 19 fallecidos, entre ellos un médico que socorría a un herido, y un policía quemado. Además de 112 heridos.
El organismo internacional enfatizó la arbitraria intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Según el documento, el operativo que desalojó a las delegaciones de manifestaciones de regionales donde se detuvo a 192 personas, se hizo sin la presencia de fiscales del Ministerio Público, quienes habrían llegado aproximadamente tres horas después. De igual forma, las “organizaciones de derechos humanos, abogados, familiares y periodista no habrían podido acceder al campus tras la intervención de la Policía”.
Se reconoce también que el gobierno señaló estar “en guerra” para justificar la respuesta policial y militar. Peor aún, calificó a los manifestantes como “enemigos” o “terroristas”.
Es por ello que La ONU expresa su “profunda preocupación” por lo ocurrido en el país en el marco de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. “Nos inquieta el aparente uso indebido del derecho penal y el poder fiscalizador del Estado para judicializar personas que ejercen su derecho a la reunión pacífica”, finaliza.
El gobierno sigue sin reconocer sus errores
La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, mencionó la grave crisis social que enfrenta el país y el gobierno con más de 60 muertos. Su intervención se dio en el Segmento de Alto Nivel del 52° Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
Gervasi manifestó su pésame a las familias de los fallecidos y aseguró que el vandalismo y violencia fue lo que mancillo las protestas pacíficas. También dijo que el gobierno de Boluarte está actuando con imparcialidad frente a las investigaciones correspondientes. Sin embargo, no reconoció algún error por parte del gobierno.
El documento menciona las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, estigmatización de la protesta, acoso y “terruqueo” a defensores de DD.HH. y periodistas. Así como uso abusivo del término “terrorismo” y uso de gases lacrimógenos o balines.
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