Finalmente, se decidió que Dina Boluarte y Alberto Otárola respondan a las interrogantes de la defensa de los deudos de víctimas durante protestas
Luego que la Fiscalía de la Nación intentara aplazar que la presidenta Dina Boluarte y Alberto Otárola respondieran a las preguntas de los abogados de las víctimas durante manifestaciones, se dio marcha atrás. El Ministerio Público finalmente desistió de este recurso. El juez a cargo dispuso que se proceda con la decisión inicial de autorizar el interrogatorio a la mandataria y el primer ministro por las investigaciones en su contra por los delitos de homicidio calificado y genocidio. El abogado Carlos Rivera Paz, defensa de los deudos, adelantó que tras esta disposición se buscará agendar lo más pronto posible los interrogatorios. Ya no hay excusas.
Policía blinda a responsables del asesinato de Víctor Santisteban durante protestas en Lima
Malas noticias para los deudos. Bajo el argumento de que no se pudo identificar a los responsables de disparar el proyectil que terminó con la vida de Víctor Santisteban, la Inspectoría General de la PNP decidió archivar la investigación a nivel administrativo. Según se informó, ni siquiera habrían revisado los vídeos de seguridad. En estos se observa claramente a un policía disparar una bomba lacrimógena directamente al cuerpo de Santiesteban Yacsavilca. Pese a ello, en el área penal, ya son 11 los policías que están siendo investigados por la muerte de Santisteban según el Equipo Especial de Fiscales a cargo de los casos relacionados a las protestas. Las familias tienen derecho a la justicia.
Empresa que denunció por estafa al presidente del Congreso, le exige el pago de reparación civil
El presidente del Congreso, Alejandro Soto, se salvó de una condena de ocho años y ocho meses por estafa y falsedad genérica. Pero no del pago de la reparación civil a la empresa, que resultó afectada por la compra de un terreno a precio sobrevalorado. El verdadero dueño era el mismo Soto. La compañía de transportes Wayna Picchu exigió al juez cusqueño Carlos Román Gil que inicie el procedimiento contra el presidente del Legislativo, para que abone una reparación civil de 323 mil 829 soles por daños y perjuicios. El abogado de Wayna Picchu, Darwin Urquizo, le recordó al magistrado que, si bien el 26 de julio archivó el caso contra Soto por estafa y falsedad genérica, la reclamación de la reparación civil por parte del agraviado sigue su propio curso. Una ‘joyita’ de presidente del Congreso.
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