El 7 de diciembre de 2022 dejó una cicatriz imborrable en la historia política del país. Pedro Castillo, en un intento desesperado, quiso cerrar el Congreso. El resultado fue su vacancia y detención inmediata, sucediéndolo en el mando Dina Boluarte. Desde entonces, el expresidente que ganó las elecciones a Keiko Fujimori, está preso y su familia se encuentra refugiada en otro país.
Sin embargo, el gobierno de quien sería la primera mujer presidente del Perú mostró desde el inicio un tinte autoritario y represivo. Bajo su mando, el régimen de Dina Boluarte arrebató la vida de más de 50 peruanos, la gran mayoría transeúntes, ejecutados a manos de las Fuerzas Armadas y PNP en las calles. Además, cientos de heridos, algunos graves, en menos de 2 meses.
La ausencia de justicia y la indiferencia generalizada ante los acontecimientos ocurridos entre el 7 de diciembre y el 9 de febrero, es el principal lastre del actual gobierno. Las familias de las víctimas continúan sin encontrar justicia. Mientras tanto, la población en general, cansada de la situación, recuerda los hechos, pero no parece dispuesta a tomar acción.
Ha pasado un año y el Congreso, con una coalición mayoritaria de elementos conservadores y extremistas, viene interfiriendo con otros poderes, tomando control de los principales entes, obstaculizando las investigaciones y la justicia. Pero en el discurso, todos dicen “luchar por la democracia”.
El 7 de diciembre en Perú se recordará como un triste hito en que se perdió la lucha por la democracia y la justicia en el país. Mientras que el gobierno de Dina boluarte, con un 8% de aprobación ciudadana, lo ha declarado, casi con sarcasmo, “Día de la Institucionalidad, del Estado de Derecho y de la Defensa de la Democracia”.
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