Junto a la inestabilidad política que remece al país, se suma una nueva jornada de protestas convocada por los principales gremios sindicales de la región. Pues la Federación de Trabajadores de Arequipa (FDTA), el Frente de Defensa e Integración del Cono norte de Arequipa (Fredicon) y Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) cumplirán está jornada de protesta desde el 7 de diciembre.
Participarán en su conjunto los días 7 al 9 de diciembre también en varias regiones del país. En su mayoría las protestas exigen la renuncia de Dína Boluarte y nuevas elecciones.
Sindicatos y frentes de defensa
Felipe Domínguez, presidente del Fredicon, anunció que su gremio hará presencia en los tres días de protesta. El mismo 7 de diciembre, se concentrarán en la plaza España a las 9 de la mañana. Allí se realizará un mitin con los asistentes para determinar la intensidad de la huelga.
“Nuestra movilización tiene como objetivo principal exigir la renuncia de aquellos funcionarios responsables, así como la liberación de los detenidos injustamente. Buscamos llevar adelante una lucha que sea pacífica pero enérgica”
Felipe Domínguez, presidente del Fredicon.
Según Domínguez, la movilización tiene como propósito principal, demandar la renuncia de Dina Boluarte y Alberto Otárola, así como, la liberación de detenidos.
Elmer Arenas, secretario de la FDTA, ha confirmado una jornada de movilización para el 7 de diciembre. Será en colaboración con la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). Esta movilización, programada por un solo día, busca manifestar el rechazo a diversas problemáticas, incluyendo la aprobación de medidas restrictivas por parte del gobierno y la lucha contra la corrupción en las instituciones estatales.
“Los chats que hemos visto entre la Fiscalía, entre el Congreso, no nos podemos quedar callados. Tenemos que seguir saliendo a las calles, a pesar que nos están intimidando”
Elmer Arenas, secretario de la FDTA.
La concentración principal tendrá lugar en la Federación Departamental de Trabajadores en Santa Catalina, 404, como punto de partida para la movilización en el centro de la ciudad.
Autoridades de Arequipa a favor de “marchas pacíficas”
Por su parte ante la convocatoria de protestas, la IX Macro Región Policial de Arequipa ha propuesto un plan operativo. El objetivo es garantizar la seguridad de la ciudad el próximo 7 de diciembre.
El general PNP Ghino Malaspina del Castillo anunció que 6 mil 443 agentes estarán en alerta absoluta. También mencionó que se ha solicitado el apoyo de 200 miembros de las Fuerzas Armadas para proteger las vías de comunicación. Se establecieron tres ejes de acción: el aeropuerto y Cono Norte, la Plaza de Armas y las carreteras.
Según Malaspina, el apoyo de 200 miembros de las Fuerzas Armadas solo será para resguardar las vías de comunicación.
“Aprovechando que la red vial se encuentra en emergencia, se solicitó el apoyo de las FF.AA. que van a estar con nosotros desde Chala hasta Repartición, incluso en la salida de Puno”.
General PNP Ghino Malaspina del Castillo
Por su lado, la Prefecta de Arequipa, Lucia Valdivia, mencionó que estas protestas son ilegales. Pues estas no habrían pedido garantías a la PNP ni a la Prefectura, tal como lo manda la norma. No obstante, considera que las protestas deberían darse pero de manera pacífica y sin obstruir las vías.
Sentencias de hasta 15 años por bloquear vías
El Régimen de Boluarte ha aprobado el Decreto Legislativo N° 1586, que establece medidas más severas contra aquellos que bloqueen carreteras, afecten servicios públicos o interfieran con infraestructura como puertos y aeropuertos. Esta normativa amplía las penas hasta 15 años de prisión para quienes obstaculicen vías terrestres, infraestructura portuaria, servicios de energía, transporte de hidrocarburos, entre otros.
El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, destacó que si bien el derecho a la protesta es constitucional, estas acciones no deben perjudicar bienes públicos o privados. El decreto busca evitar disturbios y sanciona hasta con 6 años de cárcel a quienes colaboren financieramente con actividades ilícitas durante manifestaciones.
“El Ejecutivo, nos va a llevar 15 años a la cárcel. Y eso afectará a los que le creen o los que le temen, mejor dicho, a la represión. Yo creo que los dirigentes populares, los dirigentes que estamos en la lucha permanente, estaremos vigilantes de lo que pueda pasar para adelante.”
Elmer Arenas, secretario de la FDTA
Por su parte Felipe Domínguez, rechaza el decreto legislativo, lo considera represivo y amenaza con encarcelarlos. No obstante, también señala que esto no afectará sus ánimos y los unirá aún más.
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