La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió que el Estado peruano desacató las resoluciones de supervisión de cumplimiento de las sentencias que dio al ejecutar la del Tribunal Constitucional que restituyó los efectos al indulto “por razones humanitarias” a Alberto Fujimori.
La CIDH, a través de un pronunciamiento resolvió que el Estado desacató las sentencias que emitió el 30 de mayo de 2018 y el 7 de abril de 2022 debido a que ejecutó el fallo del Tribunal Constitucional del 17 de marzo de 2022 que restituyó el indulto a Fujimori Fujimori.
“(Esto) A pesar que la Corte había dispuesto que debía “abstenerse de implementarla” debido a que no observó los estándares de derecho internacional que debían ser tomados en cuenta al realizarse un control jurisdiccional de dicho indulto”, dicen en el documento.
Como se sabe, el expresidente salió del penal de Barbadillo por una sentencia del Tribunal Constitucional. Cumplió solo 16 años de los 25 que le impuso el Poder Judicial por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos.
Estado peruano deberá presentar un informe a más tardar el 4 de marzo de 2024
Dada la situación la CorteIDH ha dispuesto, “una supervisión reforzada de la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos de los casos Barrios Altos y La Cantuta, particularmente en lo relativo al indulto ‘por razones humanitarias’ concedido a Alberto Fujimori”.
Para ello el Estado debe presentar un informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 4 de marzo de 2024. Versará sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso sancionar las graves violaciones a los derechos humanos determinadas en las sentencias emitidas en el caso Barrios Altos y en el caso La Cantuta, “de conformidad con lo indicado en el punto resolutivo primero de esta Resolución”, refieren.
La notificación de esta resolución la realizará la Secretaría de la Corte al Estado del Perú, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
De acuerdo a lo dicho por Carlos Rivera, abogado de las víctimas a canal N, este pronunciamiento es un “fuerte llamado de atención y reclamo”. Está basado en las leyes de derecho internacional. Y pone en condición de desacato de las decisiones y sentencias de la CIDH al Estado peruano. Correspondería que se convoque una audiencia de supervisión de cumplimiento.
“Era una decisión esperada”. La CorteIDH había sesionado dos veces en reserva. “Se ha instaurado un proceso de supervisión de cumplimento de las resoluciones sobre Barrios Altos y La Cantuta”.
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