Los fiscales supremos, superiores y provinciales en un pronunciamiento emitido la noche del miércoles exigieron al Parlamento respetar la Constitución y advirtieron que los últimos proyectos aprobados atentan contra la democracia.
En ese sentido, hacen un llamado a la ciudadanía a defender la democracia que el Congreso pretende socavar al aprobar los mencionados proyectos de ley.
“Convocar a la ciudadanía y a todas las instituciones democráticas, sumarse a la defensa de la democracia y el Estado de derecho, que se pretende socavar. Esto, de aprobarse los Proyectos de Ley”, dice el documento.
También le piden al gobierno de Dina Boluarte, ejerza su función y tenga un mayor control sobre la legalidad de los proyectos que son aprobados.
“Exhortar al Poder Ejecutivo a cumplir su función de control de la legalidad y constitucionalidad de los proyectos que se envían para su promulgación”, se lee.
Proyectos atentan contra el orden constitucional
La Junta de Fiscales Supremos, los presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores y Provinciales del Perú, rechazan las últimas reformas aprobadas por el Congreso de la República. Esto, debido a que “atentan contra el orden constitucional y la autonomía del Ministerio Público”.
Citan entre otros proyectos, el predictamen que desaparece a la Junta Nacional de Justicia y crea en su lugar la Escuela Nacional de la Magistratura. Y al proyecto impulsado por Perú Libre que modifica el Código Penal y dificulta las futuras investigaciones a organizaciones criminales
“Dichas propuestas colisionan contra el orden constitucional, los valores y principios democráticos que sustentan las funciones del Ministerio Público”.
Los fiscales manifiestan que los predictámenes y proyectos de ley mencionados quebrantan la autonomía e independencia institucional del Ministerio Público, porque recortan sus funciones asignadas de acuerdo a la Constitución.
Proyecto de Gladys Echaíz es un retroceso
Igualmente, se pronuncian respecto a la iniciativa de la congresista Gladys Echaíz. Que plantea la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura y disuelve la Junta Nacional de Justicia, el órgano encargado de nombrar a los jueces y fiscales.
Esta propuesta la consideran como una “grave afectación a la independencia”. Debido a la intervención política en el nombramiento de magistrados, algo que indican sería un “retroceso”.
“Rechazar el Proyecto de Ley de Creación de la Escuela Nacional de la Magistratura. Por constituir un retroceso a modelos ya superados de intervención política, en la designación de magistrados que integran organismos que forman parte de la administración de justicia, con grave afectación al principio de independencia que es el pilar fundamental del Estado Constitucional de Derecho”.
Es por eso que le exigen al Congreso el respeto a la Constitución, la separación de poderes y la institucionalidad democrática.
Los fiscales reafirman su compromiso con la defensa del Ministerio Público. “Permaneceremos vigilantes para ejercer una defensa activa frente a cualquier injerencia o amenaza a la institucionalidad democrática” y para actuar con independencia y objetividad.
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