Se reanudó este miércoles de manera virtual el juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y la cúpula de esta agrupación política, con la sustentación del fiscal José Domingo Pérez y la presentación de la Procuraduría General de la República.
Los dirigentes del partido naranja, bajo el mando de Keiko Fujimori, habrían cometido presuntamente los delitos de lavado de activos, organización criminal, obstrucción de la justicia y falsedad genérica. Por ello, la fiscalía ratificó el pedido de 30 años y 10 meses de prisión.
El fiscal José Domingo Pérez continuó con la exposición de la acusación a los imputados que faltaban y la pena que la Fiscalía, en defensa de la ciudadanía, está pidiendo para ellos.
Luego se pasó a la exposición de la Procuraduría General de la República, representada por la procuradora especializada en lavado de activos, María Soledad Camus Dávila, a quien se le solicitó retirar las fotografías de algunos implicados en el caso Cócteles por vulnerar su derecho a la presunción de inocencia.
Procuraduría asegura que hubo daño a la imagen del país
La procuradora presentó el alegato de apertura del actor civil «Caso Cócteles». Refirió que habrían cometido cuatro delitos por los que debería haber una reposición al Estado Peruano. Estos son, delito de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración.
«La pretensión civil en contra de Keiko Fujimori y la cúpula del partido hoy, Fuerza Popular, en cuanto a lavado de activos, por el daño a la imagen del país, al informarse sobre delitos de lavado de activos por parte de instituciones que hacen dudar sobre las inversiones hacia el Perú», refirió.
En ese sentido, planteó al Tercer Juzgado Penal Colegiado que se imponga a Keiko Fujimori y los 40 acusados en el caso Cócteles una reparación civil de 151 millones 063 mil 509.84 soles en forma solidaria.
«Por el daño causado a la imagen del país y las consecuencias de los delitos de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración ante la ONPE», refirió.
Camus Dávila dijo que el monto se estableció teniendo en cuenta los aportes presuntamente ilícitos recibidos por la candidata presidencial Keiko Fujimori y Fuerza Popular en las elecciones del 2006 y 2011.
¿Cuánto pagarían por información falsa a la ONPE?
Asimismo, dijo que la fiscalía estableció en 17,3 millones de dólares, que al tipo de cambio supone 69 millones 420 mil 512 soles, los pagos al estudio Oré Guardia por 159,918 dólares y los falsos aportes declarados ante la ONPE en las elecciones del 2011 por 19,3 millones de soles.
La procuradora detalló que por el delito de organización criminal se considera una reparación civil equivalente al 2% de los dineros recibidos por la presunta organización criminal. En ese sentido corresponde el pago al Estado de dos millones 223 mil 969 soles.
Por el delito de lavado de activos y el daño irreparable para al país se consideró un monto doble al del lavado, igual a 138 millones 841 mil 024 soles. Por obstrucción a la justicia, consideró el doble del pago que el partido Fuerza Popular le hizo al estudio de abogados Arsenio Oré Guardia por asesoría legal. Se pide el pago de 305,836 soles de reparación civil por este delito.
En cuanto al delito de falsa declaración, la procuraduría estimó el pago del 50 % de los falsos aportes que Fuerza Popular habría declarado ante la ONPE. Esto es nueve millones 692 mil 652 soles por pago de reparación civil.
Colegiado no sancionó a abogados por gestos obscenos
A los abogados de los inculpados se les pidió corrección en todo momento, dado el incidente que protagonizaron Giulliana Loza defensa de Keiko Fujimori y Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, sobre quienes el colegiado deberá decidir si los sanciona basándose en el escrito presentado la víspera por el fiscal José Domingo Pérez.
Al respecto, los jueces desestimaron el requerimiento del fiscal Pérez Gómez para sancionar a Humberto Abanto y Giulliana Loza, por estas señas hechas en plena primera audiencia.
El Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional está presidido por la juez, Juana Caballero García y lo integran los jueces, Nayko Coronado Salazar y Max Vengoa Valdiglesias.
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