En Bolivia los mineros del oro hablaron: volcaron su apoyo electoral hacia quien sería el candidato que les aseguraría el mercurio más barato para continuar con su extractivismo. El elegido fue Evo Morales.
Esa fue la decisión que, semanas atrás, anunció la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (FECOMAN). Su principal argumento fue que el precio del mercurio es actualmente muy alto, mientras que era mucho más barato en tiempos de la presidencia de Morales.
Si bien esa decisión está enmarcada en el duro enfrentamiento dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), entre los que siguen a Morales y los que respaldan la actual presidencia de Luis Arce, expresa problemas más profundos, que también están presentes en Perú.
Es que esa explicación, extrañar el mercurio barato; la decisión, apoyar a quien se supone asegura más extractivismo del oro; y el hacerlo público de ese modo –todos esos tres elementos ilustran una dramática situación. Lo es por varias razones que se deben dejar en claro.
No puede olvidarse que esa minería, y especialmente la que se multiplica dragando los ríos, está repleta de impactos sociales, económicos y ambientales. Produce deforestación, altera los ríos, contamina suelos y aguas con mercurio, y acarrea enormes costos económicos para las comunidades afectadas. Además, está inmersa en la violencia y la criminalidad. Sin embargo, en lugar se combatiría se la auspicia y festeja. No es un problema exclusivo de Bolivia, sino que se repite en los países vecinos, y en Perú es particularmente evidente la confluencia de actores políticos con la minería informal del oro. Por si fuera poco, la liberalización del comercio de mercurio en Bolivia alimenta el contrabando hacia Perú donde es utilizado en la minería informal e ilegal.
En una política sana, comprometida con el bienestar de las personas y de la Naturaleza, los actores políticos no desearían el apoyo público de esos mineros, ni sería aceptable invocar como argumento contar con un contaminante barato. En un contexto normal, a muchos les produciría vergüenza recibir esa bendición, y tratarían de esquivarla; otros evitarían pavonearse con contaminar ríos o talar bosques. Incluso los que en su fuero íntimo estuvieran desinteresados en las cuestiones sociales y ambientales, también rehuirían de esas alianzas porque saben que les restan votos. Por supuesto que también hay ejemplos de acuerdos entre ese tipo de sectores con la política. Pero se hacen en las sombras, para evitar la denuncia pública.
Solo unos pocos desprecian abiertamente las responsabilidades ambientales y reciben apoyos de deforestadores, contaminadores o negacionistas. Así ocurrió con Donald Trump en Estados Unidos o Jair Bolsonaro en Brasil, o en estos meses se observa en Argentina con Javier Milei. Cuando un político recibe ese tipo de apoyos a la luz del día y lo festeja, inmediatamente pasa a formar parte de ese grupo.
En el caso específico de Bolivia, si realmente se asegurara la sobrevida de la Madre Tierra, como tantas veces se ha dicho en los discursos políticos, la minería de oro aluvial estaría prohibida. No solo eso: ese país firmó hace casi diez años un acuerdo internacional para contener el uso del mercurio (Convenio de Minamata). Si se lo cumpliera sería mucho más caro, y además debería estar prohibido su utilización en la minería que se practica en los ríos.
Al contrario de esos mandatos, la minería de oro sigue avanzando en Bolivia. Hay contingentes que se lanzan, por ejemplo, a dragar los ríos amazónicos del norte del país, ofreciéndose múltiples justificaciones. Es cierto que entre ellos están los que padecen pobreza y otras restricciones. Pero detrás de sus circunstancias están las fallas de las políticas sociales y laborales de los anteriores gobiernos que resultaron en que esas personas no encuentran otra opción que dedicarse a pasar horas hundidos en el agua, arenas y lodos, embebidos en mercurio, ansiosos de conseguir unos gramos de oro.
En lugar de salir de esa angustiante situación, ahora, ante los ojos de todos, se proclama un respaldo electoral que busca insistir con un contaminante propio de un tipo de minería que es incompatible con la justicia social y ecológica. Las posiciones y discursos políticos se han distorsionado, al extremo que lo que es dañino no se hace a escondidas, sino se proclama abiertamente. Se llama a votar por quien no solo asegure más contaminación, sino que sea más barata. El destinatario de esas adhesiones no las esquiva ni las rechaza. ¿Se canjean votos por oro?
Al mismo tiempo, los defensores de la minería de oro aluvial también salen a la luz en Perú, Ecuador y Colombia. No sienten vergüenza en lucrar con la contaminación y la violencia. Y la política partidaria se ha degradado tanto, como ocurre en Perú, que no se esconden.
Por estas razones estamos en una crisis ambiental que es ciertamente grave en sí misma. Pero está inmersa a su vez en otra problemática más amplia, y a la vez más profunda. Se están erosionando los sentidos de la política pública, y de los entendimientos de ella como el medio para lograr una buena vida. Eso ocurre poco a poco, y se naturalizan posturas que hace unos años atrás hubiesen sido inaceptables y vergonzosas. Es que, ¿quién puede estar a favor de seguir contaminando con mercurio a los niños y niñas de la Amazonia? La diseminación de ese tipo de minería es una consecuencia de ese cambio social y político, y es contra esa alteración que se debe luchar.
Eduardo Gudynas es investigador en transiciones y alternativas al desarrollo en el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB); en redes @EGudynas
Una primera versión, resumida, de este artículo se publicó en Brújula Digital (Bolivia).
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