Quienes pensaban que el gobierno de Dina Boluarte era mejor que Castillo lo estarán pensando de nuevo. Los 90 están de regreso y, gracias al apoyo fujicerronista, Boluarte está dispuesta a deshacerse de cualquier peruano que la cuestione, utilizando leyes que, bajo el pretexto de combatir la inseguridad ciudadana, le permiten vengarse de sus opositores.
La ley de «terrorismo urbano» que, según el mismo gobierno carece de sentido, busca introducir dos disposiciones que beneficiarían a Boluarte para silenciar a quienes la rechazan. Anteriormente, advertimos que se había propuesto que las denuncias contra la PNP y el Ejército, por el uso de sus armas, fueran procesadas en fueros militares y no civiles; lo que aparece como disposición complementaria final de la ley. Pero además, el gobierno también pretende sancionar hasta con 15 años de cárcel a quienes ejerzan su derecho a la protesta.
Mientras, Dina guarda silencio ante la prensa, apoyada por sus ministrillos, pero en las calles los peruanos no se callan. ¿Podrá encerrarlos a todos?
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