El proceso de formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) en Perú atraviesa un momento crítico, según expuso Paul Rodríguez, gerente general del Grupo La Joya Mining SAC, durante su ponencia en el Consejo Anual de la Región Arequipa (CARA). De acuerdo con las investigaciones realizadas junto a la Universidad de Oxford y la Universidad del Pacífico, Rodríguez presentó un diagnóstico alarmante sobre la situación de los mineros artesanales en el país. Se destacó el fracaso del programa de formalización estatal y la incertidumbre que genera el próximo vencimiento del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), en diciembre de este año.
Según las estimaciones, Perú cuenta con 500 mil mineros artesanales, quienes han trabajado en esta actividad durante décadas. Sin embargo, desde la promulgación de la Ley de Concesiones Mineras, hace 30 años, se generó una problemática en torno a la superposición de derechos sobre la propiedad del terreno y el subsuelo. Esto permitió que una persona pudiera tener su terreno, pero otro actor poseyera la concesión minera de esa área, complicando la situación de los mineros que se encontraban en esas zonas.
Para enfrentar este problema, el gobierno lanzó el Reinfo, un mecanismo para que los mineros artesanales pudieran iniciar su proceso de formalización. De los 500 mil mineros artesanales, poco más de 84 mil lograron inscribirse en el registro, pero solo 22 mil permanecen vigentes. Y apenas 11 mil han culminado el proceso de formalización.
«Esto significa que solo el 3% de los mineros han logrado formalizarse. Mientras que el resto enfrenta serias dificultades debido a los estrictos requisitos legales», señaló Rodríguez. Estos requisitos incluyen la presentación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA), títulos de propiedad y otros documentos, lo que ha hecho que muchos mineros abandonen el proceso.
Impacto económico de la minería artesanal
Rodríguez destacó el fuerte impacto económico que tiene la minería artesanal en el país. Indicó que genera alrededor de 1 millón 100 mil puestos de trabajo. En contraste con la minería a gran escala, que, aunque más tecnificada, emplea a 250 mil personas. “Si traducimos esto en términos económicos, estamos hablando de entre 3 y 4 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) nacional”, afirmó Rodríguez. Así, subrayó la importancia de esta actividad para la economía peruana.
Además, alertó sobre los riesgos que implica no brindar una solución efectiva a la situación de los mineros artesanales. «Si dejamos al aire a los mineros, los estaríamos empujando hacia la minería ilegal, lo que a su vez puede facilitar el lavado de activos, el financiamiento del narcotráfico y del terrorismo», advirtió. La minería ilegal, que se diferencia de la informalidad en que opera sin ningún tipo de permiso en zonas prohibidas, representa un grave problema en regiones como Madre de Dios y la frontera con Ecuador, donde los mineros se desplazan constantemente para eludir la ley, explicó.
El fracaso del Reinfo y la responsabilidad del Congreso
En su intervención, Rodríguez criticó el programa de formalización impulsado por el Estado, calificándolo como un «fracaso». Señaló que el Reinfo, cuya vigencia culmina en diciembre de este año, dejará a 500 mil mineros artesanales en una situación de desprotección. “Estamos a dos meses de que 500 mil mineros se queden en el aire”, advirtió.
Rodríguez fue enfático al señalar que una extensión del plazo no sería una solución real, sino que solo prolongaría la «agonía» de los mineros artesanales. Desde el 2002, el plazo del Reinfo se ha ampliado cada año sin que se logre una solución definitiva. El Congreso tiene una responsabilidad para evitar que el problema se agrave aún más en los próximos meses, concluyó.
