Dina Boluarte y el Ejecutivo que preside no solo enfrentan cifras récord en desaprobación y rechazo social en actividades protocolares y encuestas, sino que tampoco logra solucionar los conflictos sociales que se mantienen en más de 200 casos al mes, desde que empezó su régimen.
En octubre de 2024, la Defensoría del Pueblo registró 209 conflictos sociales, tres números más en comparación al mes anterior. Esta cifra incluye las movilizaciones contra la Ley Antiforestal, y el paro de transportistas, que en octubre y ahora en noviembre, se ha extendido a varias regiones.
Loreto (32) sigue siendo el departamento con más casos. Este último mes, la región amazónica y petrolera sigue superando la treintena de conflictos sociales que ya viene reportando desde hace varios meses.
Siguen en la lista Cusco (23), Puno (18), Piura (13), Apurímac y Áncash (12 casos en cada uno de estos departamentos) y Ayacucho (11). Lima Metropolitana contabilizó 8 casos y Lima Provincias con 4, lo que suman 12 casos para este departamento.
Paro de transportistas figura en la lista de conflictos sociales
En cuanto a conflictos multirregionales se presentaron 9 casos, entre los que se incluye el paro de transportistas contra la inseguridad, las protestas contra la Ley Antiforestal, las protestas de los pescadores afectados por el derrame de petróleo en la Refinería La Pampilla - Repsol.
Los conflictos a nivel nacional reportados son 2 casos, los cuales incluyen las protestas por la crisis política desde diciembre de 2022.
Minería y empresas de hidrocarburos como protagonistas
De los 209 conflictos sociales presentes en 23 regiones del país identificados en octubre, 108 son conflictos SOCIOAMBIENTALES, es decir, el 51 %.
Entre los otros tipos están Asuntos de gobierno nacional (25), los conflictos comunales (25), Asuntos de gobierno regional (18), Asuntos de gobierno local (16), Conflictos de demarcación territorial (7), Conflictos de tipo laboral (3), Cultivo ilegal de coca (1), y otros asuntos (6).
De los 108 registros de conflictos SOCIOAMBIENTALES, 65 involucran a la minería entre sus principales actores, significando el 60 % de conflictos socioambientales. 31 casos corresponden a actividades de hidrocarburos, traduciéndose en el 28 % de conflictos socioambientales.
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