La convocatoria a un paro de 24 horas en la provincia de Huanta contra la creciente ola de inseguridad no logró reunir el apoyo esperado por sus organizadores. El Frente de Defensa del Pueblo y Desarrollo de Huanta había acordado acatar esta medida para el 13 de noviembre en respaldo a la lucha nacional que se viene dando en la capital. La respuesta de la población fue mayoritariamente apática, y las calles de la ciudad se mantuvieron en su mayoría activas y con normalidad durante las horas de protesta. El paro buscaba hacer un llamado de atención a las autoridades locales y nacionales a fin de mejorar las condiciones de criminalidad en Huanta.
A pesar de las expectativas, los comercios, bancos y mercados funcionaron sin restricciones, y el transporte público operó sin interrupciones. Algunos manifestantes que se agruparon en puntos específicos, como la plaza principal, fueron rápidamente dispersados, sin lograr convocar una masa significativa. La falta de apoyo a este acuerdo también generó opiniones divididas entre los ciudadanos. Algunos expresaron su desacuerdo con la medida, argumentando que la paralización de actividades no es la solución a los problemas de inseguridad y que la violencia debe combatirse con acciones más efectivas por parte de las fuerzas del orden y el gobierno central.
“Lo que necesitamos es más presencia policial, no paros que solo afectan a los que viven del día a día”, comentó Luis Sánchez, comerciante local.
Mientras que otros reconocieron la gravedad de la situación y vieron en el paro una manifestación legítima de la preocupación ciudadana. “
Es difícil vivir con miedo todos los días, y aunque el paro no haya tenido la acogida que esperábamos, creo que es importante seguir luchando por un cambio”, manifestó Carmen Delgado, vecina del distrito de Huanta.
Dentro de la plataforma de lucha también estaba el cierre definitivo de la actividad minera en la cordillera Razuhuillca, el cumplimiento de las resoluciones no 052 y 053-2024 de la Dirección Regional de Energía y Minas.
Además, de la reparación a los familiares de las víctimas fallecidas en el 2022 y 2023.
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