Un severo problema ambiental se registra en el Parque Industrial de Río Seco (Arequipa), donde cerca de 42 empresas de curtiembre operan sin un adecuado tratamiento de sus aguas residuales, lo que podría contaminar el río Chili. Así lo advirtió Ronald Fernández Bravo, director de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Caplina-Ocoña de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), quien alertó sobre el riesgo que representan los metales pesados vertidos en la quebrada de Añashuayco.
Según Fernández, las curtiembres descargan aguas residuales con sustancias altamente tóxicas, entre ellas el cromo hexavalente, un metal cancerígeno que representa una amenaza para la salud pública. Actualmente, estos residuos fluyen por Añashuayco y descienden hasta el distrito de Uchumayo, pasando por una zona urbana. Metros más abajo, podría llegar al río Chili.
Las Juntas de Usuarios de La Joya han manifestado su preocupación por este problema, pues el río Chili abastece de agua a los agricultores de los distritos de La Joya y Vítor. Ambas localidades colindan con el distrito de Uchumayo.
Empresarios de curtiembres se niegan a construir una planta de tratamiento
A pesar de las advertencias, los empresarios del sector se han negado a construir una planta de tratamiento de aguas residuales y han trasladado la responsabilidad al Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Sin embargo, en reiteradas mesas de trabajo, el GRA les informó que, según ley, están impedidos de invertir en infraestructura que beneficie a empresas privadas, precisó Fernández.
Como medida para frenar el impacto ambiental, la ANA canceló la licencia de uso de agua a las curtiembres. Inicialmente, las empresas contaban con un derecho de uso de 50 litros por segundo, pero este fue reducido a 32 litros por segundo cuando la asociación de curtiembres perdió su personería jurídica. Al no contar con directiva registrada en Registros Públicos, los empresarios ya no tienen derecho al agua.
Fernández denunció que, en un intento de continuar operando, los empresarios tomaron medidas ilegales. “El año pasado dimos la resolución y la Junta de Usuarios, que opera el recurso hídrico, cerraron las compuertas. Lo que los empresarios hicieron fue romper la compuerta. No pueden actuar de esa manera”, declaró.
Sin embargo, el funcionario aclaró que los empresarios aún pueden solicitar un nuevo derecho de uso de agua, pero con una condición clara. “Siempre y cuando construyan su planta de tratamiento de aguas residuales industriales”, enfatizó.
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