Dina Boluarte está de malas. El Poder Judicial ha autorizado el levantamiento del secreto de comunicaciones de su ministro de Justicia, Eduardo Arana, como parte de la investigación en su contra por el famoso caso Cuellos Blancos del Puerto. Pero eso no es todo: también se ordenó a las empresas de telecomunicaciones entregar el registro histórico de llamadas, mensajes de texto y voz.
El masón Eduardo Arana es investigado por presunto tráfico de influencias agravado y, de manera alternativa, por cohecho activo específico tras la difusión de informes periodísticos sobre una conversación telefónica con el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, en 2018. Según la Fiscalía, Arana habría influenciado a Walter Ríos Montalvo en abril de 2018 para que, en su calidad de presidente de la Corte del Callao, interviniera en un proceso judicial a su favor en etapa de ejecución.
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