El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, quedó absuelto en el caso del Aeródromo Wanka, al no haberse probado el delito de colusión simple, por el que se le imputó una pena de tres años y seis meses y se ordenó su captura.
La decisión fue de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia. La sala declaró fundado en parte el recurso de casación presentado por Cerrón Rojas. Pero le impuso el pago de una reparación civil de 250 mil soles. Consideraron que, «sí hubo un perjuicio a la imagen del gobierno regional de Junín, en el contrato inconcluso para construir un aeropuerto en Huancayo».
Pero, los jueces consideraron excesivo el monto de 800 mil soles que le habían impuesto en la Corte Superior de Justicia, en la sentencia del 6 de octubre del 2023, fecha en la que Vladimir Cerrón huye y pasa a la clandestinidad, sin que la Policía pudiera ubicarlo hasta el día de hoy.
El otro caso de Cerrón que lo mantendría en la clandestinidad
Mientras seguía huyendo de la justicia, Vladimir Cerrón tuvo además dos pedidos de prisión preventiva y uno sigue vigente, por lo que no podría salir aún de su escondite. Como se recuerda, se le impuso esta medida restrictiva de la libertad por el caso Antalsis, pero fue revocada en enero de este año 2025.
Por el caso, Los Dinámicos del Centro sigue con orden de detención para que cumpla la detención preventiva.
Asimismo, por otros presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible, en supuestos contratos con efectivos policiales para que le brindaran seguridad en el cargo de Gobernador Regional, el Primer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Junín, este 28 de febrero de 2025, pidió 9 años de prisión para el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón y otros implicados.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia leyó este miércoles 26, la resolución del recurso de casación que presentó Cerrón Rojas por el caso Aeródromo Wanka. Según dicen en sus argumentos los magistrados, «la única prueba fehaciente en este caso es la suscripción del contrato entre el gobierno regional y el consorcio. No se puede sostener que con la sola suscripción del contrato se pueda probar que hubo la intención de defraudar al Estado», sostuvieron.
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