El Poder Judicial (PJ) halló culpable del delito de peculado doloso al exgobernador de Ica, Fernando Cillóniz Benavides, y le dictó una sentencia de 4 años y 2 meses de prisión suspendida.
La sentencia condenatoria alcanza también al exgerente general del gobierno regional, Carlos Ramón. Ambos fueron encontrados culpables del delito de peculado doloso, en un caso de apropiación indebida de fondos públicos.
La condena es de cuatro años y dos meses de prisión suspendida. Se ejecutará bajo un régimen de prueba de dos años. Cillóniz y Ramón tendrán la obligación de cumplir con diversas reglas de conducta.
Carlos Ramón, cuando era gerente general del Gobierno Regional de Ica (GORE Ica), realizó viajes no justificados en su jornada laboral entre los años 2015 y 2018. Participó en once eventos representando a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica.
No cumplió los requisitos formales para justificar su ausencia y tampoco solicitó el descuento correspondiente de su salario. Acto que aprobó Fernando Cillóniz mediante una Resolución Ejecutiva Regional. Esta autorizaba la ausencia de Ramón sin el debido descuento de su remuneración.
A los dos exfuncionarios se les consideró responsables de la apropiación indebida de los fondos del Estado al no justificar, según ley, ausencias en días de trabajo en el GORE Ica.
El fiscal Alexander Pérez López, quien encabeza la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Corrupción de Funcionarios, presentó la acusación ante el Poder Judicial, y logró una sentencia favorable para el Estado y los intereses de la administración pública.
No ejecutarán la pena de forma inmediata
De acuerdo con lo dispuesto por el Poder Judicial, la pena de prisión suspendida otorgada a Cillóniz y Ramón no se ejecutará inmediatamente. Esto, siempre y cuando no cometan nuevos delitos durante el periodo de prueba.
En estos dos años, tendrán que someterse a ciertas condiciones. No se involucrarán en actos delictivos relacionados con la administración pública. Tampoco podrán ausentarse de su lugar de residencia sin autorización judicial.
Además, Fernando Cillóniz y Carlos Ramón tienen que pagar una reparación civil conjunta por un monto de S/12 608.90, en un plazo de diez días. De no cumplir, se aplicarán las medidas legales pertinentes. Lo que se busca con esto es compensar los daños causados a los recursos públicos mal manejados por ambos.
La condena contra Fernando Cillóniz y Carlos Ramón subraya la responsabilidad de los funcionarios públicos en la gestión adecuada de los fondos del Estado. La prisión suspendida y la reparación civil impuesta forman parte de las sanciones que buscan asegurar el cumplimiento de la ley.
Síguenos también en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y además en YouTube. Únete también a nuestro canal informativo de WhatsApp haciendo clic AQUÍ.
