Amnistía Internacional en su informe anual 2024/25, advierte que los casos de los muertos en protestas y las leyes dadas por el Congreso han convertido al Perú en un escenario de alto riesgo para los derechos humanos.
Esta afirmación se basa en que las investigaciones por las muertes de Inti y Bryan, así como la de 50 peruanos durante las protestas, no tienen avances significativos. Y también por las recién aprobadas leyes anti-ONG y de impunidad para casos de lesa humanidad.
Como se conoce, las investigaciones de los homicidios de Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las protestas de noviembre de 2020 en Lima continúan, sin avances en la vía judicial interna. Pero sí hay avances en la denuncia ante la CIDH que está por emitir un informe sobre el caso, anunció Amnistía Internacional.
En similar situación están “las investigaciones penales por los 50 asesinatos ocurridos durante las protestas contra el régimen de Dina Boluarte a fines del 2022 e inicios del 2023”.
Leyes anti ONG y de prescripción de delitos de lesa humanidad
En su informe, Amnistía Internacional refiere que la ley que modifica la creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), «atenta contra la libertad de expresión, la libertad de asociación y el acceso a la justicia de cientos de víctimas en Perú».
Como se sabe, esta ley promulgada este 14 de abril, establece como falta muy grave accionar contra el Estado en las vías administrativa y judicial. Esto impide que las asociaciones representen legalmente a las personas y comunidades víctimas de casos de violaciones de derechos humanos, actos de corrupción, entre otros.
Sobre la ley que establece la prescripción de los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos antes del 2002, advierten que va contra el derecho internacional, como la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, de 1968.
Hacen ver que el Poder Judicial no la aplicó en unos tres casos. Como en la sentencia contra dos altos mandos retirados de la Marina de Guerra del Perú por el asesinato de seis personas y la desaparición forzada de más de 50 en la provincia de Huanta, Ayacucho, en 1984, así como por la desaparición forzada del periodista Jaime Ayala durante el periodo de violencia política.
Amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas
De otro lado, en el mismo informe hacen notar que el Legislativo está impulsando el proyecto de ley que plantea “amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, la policía y funcionarios del Estado que no tienen una sentencia condenatoria por investigaciones de presuntos delitos cometido entre 1980 y 2000”.
Casos de violación de derechos humanos podrían quedar impunes. Al respecto, en el informe destacan que el Poder Judicial, el 14 de abril, impuso una condena histórica a 13 exmilitares por la violación sexual de 10 campesinas en los distritos de Manta y Vilca, en Huancavelica, en la década de 1980, durante el conflicto armado interno.
Síguenos también en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y además en YouTube. Únete también a nuestro canal informativo de WhatsApp haciendo clic AQUÍ.
