El pasado 14 de abril, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) conmemoró su 36° aniversario de creación política como una celebración. Sin embargo, más allá de los actos protocolares y mensajes oficiales, esta celebración es empañada por una lista de obras paralizadas, proyectos sin concluir y una institucionalidad minada por la corrupción, que ha alcanzado a casi todos los gobernadores que han pasado por el cargo desde 2003.
La ceremonia oficial recordó la promulgación de la Ley N.° 25022, en 1989, que creó el primer Gobierno Regional de Arequipa bajo un modelo participativo y descentralizado. En ese entonces, se conformó una Asamblea Regional integrada por alcaldes, gremios, universidades y representantes políticos. Sin embargo, este proceso fue truncado tras el autogolpe de Estado de 1992 encabezado por el expresidente Alberto Fujimori, quien eliminó estos órganos e impuso Consejos Transitorios designados desde el Ejecutivo central.
Recién en 2002, con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley N.° 27867), se retomó el camino hacia la descentralización, permitiendo la elección directa de presidentes regionales. No obstante, el balance tras más de tres décadas de autonomía regional no es alentador. Desde su instauración, todos los gobernadores elegidos por voto popular han enfrentado investigaciones por corrupción, y varios de ellos enfrentan condenas o están presos.
Gobernadores regionales con antecedentes judiciales
El primero en la lista es Daniel Vera Ballón, quien gobernó entre 2003 y 2006. Fue cuestionado por otorgar aumentos salariales arbitrarios a funcionarios de confianza. Y por el sobrecosto del muelle artesanal de Mollendo, que fue destruido por el oleaje en más de una ocasión. A su salida, enfrentó una investigación por lavado de activos, debido a signos de riqueza injustificados.
Le siguió Juan Manuel Guillén Benavides, quien ocupó el cargo en dos periodos consecutivos entre 2007 a 2010 y 2011 a 2014. En enero de este año, resultó sentenciado a tres años de pena suspendida por el delito de colusión agravada. El caso, vinculado a expropiaciones irregulares de terrenos para la construcción del puente Chilina, duró una década. Ante, acabó sentenciado también por el caso de la vía Arequipa La Joya, por el cual recibió prisión domiciliaria. Además, por la situación ambiental del parque de Río Seco, entre otras investigaciones.
Luego asumió Yamila Osorio Delgado (2015–2018), quien enfrenta una acusación por colusión agravada relacionada con la compra de kits escolares en 2015. El Ministerio Público ha solicitado para ella una condena de 11 años y 7 meses de prisión. Adicionalmente, está comprendida en el caso Lava Jato, por supuesta colusión con Obrainsa en la ejecución de una parte de la Variante de Uchumayo.
El caso más escandaloso es el de Elmer Cáceres Llica (2019–2022), hoy con prisión preventiva por su presunta participación en la organización criminal «Los Hijos del Cóndor». Resulta investigado por cohecho pasivo, cohecho activo y peculado. Tras su detención en 2021, su reemplazo, Walter Gutiérrez, falleció, y la gestión quedó en manos de su hija, Kimmerlee Gutiérrez. Ella también acusada de estar involucrada en el caso por un presunto favorecimiento en la entrega de terrenos en Pampas Bayas.
Finalmente, la actual gestión de Rohel Sánchez (2023–2026) tampoco escapa al escrutinio judicial. En su primer año de gobierno, la Fiscalía y la Policía Anticorrupción allanaron su vivienda ante sospechas de injerencia indebida de su esposa, Luz Marina Zeballos Patrón, en contrataciones dentro del GRA. Aunque el caso se archivó, el consejero regional César Huamantuma recordó que esta gestión resultó intervenida en al menos cuatro ocasiones por el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción.
Arequipa: obras paralizadas y promesas sin cumplir
El panorama es más desalentador si se revisan los proyectos que el GRA ha dejado a medio camino. El sector salud arrastra años de promesas incumplidas: los hospitales Maritza Campos, Camaná, Chala y Cotahuasi siguen paralizadas. Algo que le cuesta a la población el acceso a la buena atención médica.
En el ámbito agrícola, el emblemático proyecto Majes Siguas continúa empantanado, pero ahora a cargo del Gobierno central —ya que terminó transferido por el GRA en 2024— para resolver las múltiples deficiencias en la infraestructura de la primera etapa. Mientras que, la segunda etapa se encuentra en un limbo legal con riesgo de arbitraje internacional. Otro proyecto abandonado es la «ampliación de la Frontera Agrícola, optimizando los recursos hídricos de la subcuenca del río Arma” el cual no tiene avances claros para su reactivación.
El sector transporte tampoco se salva. La Autopista Arequipa–La Joya avanza a paso de tortuga, arrastrando un perjuicio económico considerable para la región desde la gestión de Juan Manuel Guillén y la paralización de la misma por años.
“En estos 36 años debemos reflexionar a cómo continuamos con el proceso de descentralización. Lamentablemente no ha habido una visión por parte de los gobernadores de ir más allá de su gestión de cuatro años. Con la actual gestión (Rohel Sánchez) hemos involucionado en el proceso de descentralización, un ejemplo clarísimo es Majes Siguas”
consejero César Huamantuma
A pesar de que el marco normativo permite a las regiones liderar su propio desarrollo, Arequipa continúa dependiendo de Lima para resolver sus grandes problemas.
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