Una vez más, los peruanos hemos sido testigos de cómo Dina Boluarte se salva de un proceso constitucional.
El caso Rolex, una de las denuncias más sólidas contra la presidenta, ni siquiera superó el primer filtro en el Congreso, pese a la cantidad de pruebas. La denuncia presentada por el exfiscal interino Juan Carlos Villena terminó rápidamente desechada en la Subcomisión de acusaciones constitucionales.
Pero lo más escandaloso no fue el archivo en sí, sino los argumentos con los que lo justificaron. La congresista fujimorista encargada del informe aseguró que no hay “ningún pacto” con la presidenta y que todo se basó en el artículo 117 de la Constitución, que, según ella, impide procesarla.
Y como para que el hecho parezca más imparcial, la presidenta de la comisión, María Acuña de APP, decidió abstenerse, aclarando que “en su comisión no se blinda a nadie”.
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