En la última semana, el Congreso aprobó una Ley, promovida por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y José Cueto (Honor y Democracia), para la amnistía y empadronamiento de armas en situación irregular. Uno de los efectos de la norma es la legalización de las armas “no registradas” o con registro “no vigente”.
El mismo par de congresistas que impulsó la Ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad, desde 2023 han presentado proyectos de ley por su cuenta, los cuales han sido acumulados en un texto sustitutorio aprobado por el Congreso la última semana, contradiciendo a las observaciones del Ejecutivo.
El periodista Eloy Marchan, de Hildebrandt en sus Trece, reveló el presunto conflicto de interés que involucraría al fujimorista Fernando Rospigliosi. El legislador de Fuerza Popular, quien recientemente hizo una defensa vergonzosa al desempeño de Juan José Santivañez en el Ministerio del Interior, ha presentado (2023) y promovido la norma para amnistiar a portadores de armas en situación ilegal, siendo director (2022-2024) de la Asociación Peruana de Propietarios Legales de Armas de Fuego (APPLAF).
Nueva arremetida de Rospigliosi: ¿Por qué el fujimorismo busca amnistía a portadores de armas ilegales en medio de asesinatos?
La Ley que favorece la tenencia de armas en medio de escándalos de ruleteo y la ola de asesinatos, fue aprobada por insistencia con el voto en bloque de Fuerza Popular, Podemos Perú, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Acción Popular. 73 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones, figura el conteo del 10 de abril último.
Actualmente, en Perú están en circulación más de 250 mil armas de origen ilegal como el contrabando. Desde 2023 ya estaba en pie una amnistía para el registro de esas armas. Sin embargo, de febrero a septiembre de 2024, de esa concesión solo han resultado 1,027 armas empadronadas, según información de SUCAMEC. La norma creada por Rospigliosi ahora permitirá extender la amnistía de 3 a 5 años. Además, se reducirán algunos filtros claves a la presentación de una declaración jurada simple para registrar un arma.
Otro “beneficio” de la ley para que las pistolas circulen en Perú como cancha, será el levantar la sanción a las personas o empresas que tienen licencias canceladas por la Sucamec. Según la Dirección de Investigación de la Policía Nacional del Perú (DIRIN PNP), en 2024, de más de 2000 homicidios, el 84% fueron con armas de fuego.
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El año pasado también se conoció, gracias a una investigación de Christopher Acosta, que armas incautadas en operativos e intervenciones policiales, retornaron a la calle para seguir protagonizando delitos. El escándalo conocido como Ruleteo implicaría a agentes de la Policía y de SUCAMEC, debido a la custodia fallida. El mismo Juan José Santiváñez, cuando estaba al frente del MININTER, tuvo que reconocer que un grupo de armas incautadas por la PNP podrían encontrarse en el mercado negro.
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