Las mujeres y disidencias de Amazonas, Loreto, Ucayali, San Martín, selva central y Madre de Dios se están autoconvocando desde este viernes y hasta el domingo 27 de abril en el primer Encuentro de Feminismos Amazónicos en resistencia contra la dictadura por la autonomía, la ancestralidad y la defensa del territorio.
Lo que buscan es visibilizar los problemas y necesidades territoriales de la Amazonía peruana. Estos afectan de manera diferenciada a las infancias y a las mujeres y diversidades con el aumento de la violencia sexual, la trata de personas, los incendios forestales, el despojo territorial, el narcotráfico, la tala legal e ilegal, entre otros.
Este espacio es una respuesta política autogestionada que defiende la vida, la ancestralidad y la resistencia desde los territorios frente al avance del extractivismo, el crimen organizado y la represión estatal.
El encuentro es descentralizado y está liderado e impulsado por quince colectivos, FEDINMA, FENMUCARINAP, Colectivx ESI, Sororidad Chanchamayina, Tanshi diversas, Yucas bravas, Wanamei morado, Terrestras, Diversidad ucayali, Shinaya ainbobo, Conecta, Las arritmias, OJIRU, Revolución feminista y Sani sacha que sostienen la lucha desde sus territorios.
Situación es crítica y el Gobierno solo es indiferente
Entre enero de 2019 y mayo de 2024, se han documentado 373 situaciones de riesgo para defensores de derechos humanos en Perú. El 22 % están vinculadas a la tala ilegal y el narcotráfico.
A esta realidad se sumó la indiferencia del gobierno a las mujeres awajún y wampís quienes denunciaron 524 casos de violación y abuso a niños en escuelas públicas. A estos abusos se les atribuyó que eran “prácticas culturales”, culpabilizando a las víctimas y evidenciando el racismo institucional.
“Mientras tanto, mujeres y disidencias amazónicas enfrentan una ofensiva ultraconservadora que impulsa discursos de odio y limita derechos. Por ello, resisten desde la colectividad, denunciando la violencia sistemática y la complicidad estatal con mafias que operan con total impunidad”, sostienen.
Asimismo, están rechazando la criminalización de la protesta y la represión del gobierno de Dina Boluarte que organismos nacionales e internacionales han denunciado. Tanto por el uso desmedido de la fuerza y las ejecuciones extrajudiciales.
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