El pleno del Congreso aprobó una norma que «busca proteger a niños y adolescentes mediante sanciones a medios y propuestas publicitarias que los sexualicen, así como castigos más severos para abusadores y acosadores». Sin embargo, uno de los puntos de la propuesta también prohíbe el uso de baños públicos según la identidad de género, obligando a las personas trans a usar los servicios correspondientes a su sexo biológico. Para la congresista Ruth Luque, la medida en realidad disfraza una disposición prejuiciosa y discriminatoria que asume que las personas trans son abusadores solo por identificarse con un género distinto al asignado al nacer.
El congresista Alejandro Muñante es su principal impulsor.
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