La presidenta Dina Boluarte quiere viajar ahora a Ecuador a la toma del segundo mandato de su homólogo, Daniel Noboa, en medio de las denuncias constitucionales que la Fiscalía ha interpuesto en su contra.
La mandataria solicitó permiso al Congreso este martes 20 para salir fuera del país el sábado 24 de mayo, día en que se realiza la ceremonia de toma de mando del presidente ecuatoriano en la ciudad de Quito.
Según se informó, el pedido de Boluarte Zegarra responde a la invitación oficial que recibió en abril, a fin de reforzar la relación bilateral. El viaje duraría solo un día y sería el segundo en el mismo mes.
Y mientras para el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer Salcedo es sumamente relevante que la presidenta de la República viaje a Quito porque será «reinauguración del mandato» de un aliado del Perú, algunos congresistas ya se pronunciaron en contra.
Uno de los primeros en pronunciarse fue Alejandro Muñante de Renovación Popular, quien expresó su rechazo a autorizar el viaje de la presidenta Dina Boluarte a Ecuador, argumentando “falta de necesidad y urgencia”.
Daniel Noboa invitó a Dina Boluarte el 15 de abril
Según el Ejecutivo, el presidente Noboa invitó oficialmente a la dignataria el pasado 15 de abril y consideran este evento, “de alto nivel protocolar y contará con la presencia de mandatarios y representantes internacionales”.
El oficio enviado a Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, refiere que, con fecha 15 de abril de 2025, el Presidente Noboa extendió una invitación a la presidenta para “participar en la Ceremonia de Posesión de Mando Presidencial de la República del Ecuador, en atención a los estrechos lazos de amistad y de cooperación que unen a nuestras naciones”.
Si bien la asistencia a este tipo de ceremonias es parte de las obligaciones diplomáticas del jefe de Estado en el marco de las relaciones exteriores, el Congreso como en otras oportunidades, puede aprobar o rechazar la solicitud, aunque ahora tienen cinco denuncias constitucionales de la Fiscalía en contra de la mandataria en su haber.
Las denuncias son por la presunta responsabilidad de la presidenta en las lesiones sufridas por 75 manifestantes durante las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
Por enriquecimiento ilícito y omisión de declaraciones en el caso “Rolex”, al no haber declarado joyas y fondos en cuentas bancarias. Por presunta colusión agravada en el programa Qali Warma, con el que habría favorecido a un amigo de su hermano con contratos estatales.
También se le imputa encubrimiento personal en el caso “Cofre”, para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón, y la denuncia por omisión de funciones al no haber informado al Congreso sobre su ausencia entre junio y julio de 2023 debido a un procedimiento quirúrgico.
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