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La Libertad: Hallan muertos a 13 trabajadores de seguridad secuestrados en Pataz

Los trece trabajadores de seguridad secuestrados desde el pasado 26 de abril en un socavón minero del distrito de Pataz fueron encontrados sin vida, según confirmaron fuentes de Noticias Trujillo. Las víctimas habrían sido ejecutadas a sangre fría por sicarios armados, en una nueva muestra del violento conflicto que aqueja la zona minera. Identificados los […]

Los trece trabajadores de seguridad secuestrados desde el pasado 26 de abril en un socavón minero del distrito de Pataz fueron encontrados sin vida, según confirmaron fuentes de Noticias Trujillo. Las víctimas habrían sido ejecutadas a sangre fría por sicarios armados, en una nueva muestra del violento conflicto que aqueja la zona minera.

Identificados los cuerpos de nueve víctimas

Las autoridades han logrado confirmar hasta el momento la identidad de nueve de las trece víctimas. Entre ellos figuran:

  • Nilver Joel Pérez Chuquipoma
  • César Rospigliosi Arellano
  • Frank Jesús Monzón Valeriano
  • Jhon Cristian Facundo Inga
  • Franklin Vicente Facundo Inga
  • Josué Carbonell Beltrán
  • Alexander Domínguez
  • Juan Ñaupari Salva
  • Darwin Javier Coveñas Panta

Los cuerpos serán trasladados a la morgue de Trujillo, donde se procederá con la identificación oficial y la entrega a sus familiares.

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Ejecutados con disparos a quemarropa

Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran la brutalidad del crimen: los trabajadores fueron ejecutados uno a uno, presuntamente por sus captores, con disparos a quemarropa. El video, cuya autenticidad está siendo verificada por las autoridades, habría sido grabado por los propios asesinos y pone en evidencia el nivel de violencia con el que operan las mafias en la zona minera.

De acuerdo con testimonios de familiares y compañeros, los trabajadores pertenecían a la empresa contratista R&R, que presta servicios de seguridad a Compañía Minera Poderosa, uno de los principales operadores formales de oro en la región.

Contexto del crimen: minería informal y conflicto armado

El secuestro ocurrió cuando los trabajadores de R&R llegaron a una bocamina ubicada en el anexo de Pueblo Nuevo, en el distrito de Pataz, con la misión de desalojar a mineros ilegales. Según se ha informado, se produjo un enfrentamiento armado en el lugar, que terminó con el secuestro de los 13 agentes de seguridad.

Un compañero de las víctimas indicó que el acto habría sido perpetrado por una banda liderada por un sujeto conocido como “Cuchillo”, quien operaría en la mina de propiedad de otro individuo identificado como “Galindo”.

Contrario a versiones iniciales que hablaban de un posible pedido de rescate por 4 millones de soles, la Policía Nacional del Perú (PNP) descartó que los criminales hayan solicitado dinero a cambio de la liberación de los trabajadores.

Confirmación de la masacre

Fuentes de Noticias Trujillo ya habían advertido desde el miércoles 30 de abril que los trabajadores habrían sido asesinados en los días posteriores a su captura. El hallazgo ocurrió este fin de semana, donde encontraron los cuerpos en el interior de la bocamina.

¿Por qué la Policía no ingresó al lugar del rescate?

Según fuentes consultadas por Noticias Trujillo, los efectivos policiales no ingresaron a la bocamina donde se encontraban secuestrados los 13 trabajadores de seguridad. Fueron los propios compañeros de las víctimas quienes, ante la inacción de las autoridades, decidieron organizarse y entrar por su cuenta en un intento desesperado por llegar al lugar.

«Aparte, ni un solo policía entró. Nosotros hemos tenido que ingresar por nuestros propios medios. Gracias a Dios regresaron los jefes que estuvieron antes y nos organizamos mejor», reveló uno de los testigos a Noticias Trujillo.

Llamado a la acción del Estado

Este hecho revive las alertas sobre la creciente inseguridad en las zonas mineras del país, donde el enfrentamiento entre minería formal e informal ha escalado en violencia en los últimos años. Organizaciones civiles y familiares de las víctimas exigen una respuesta firme del Estado frente al avance del crimen organizado en regiones ricas en recursos, pero abandonadas en materia de seguridad.

El Gobierno aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta masacre. Se espera que en las próximas horas se brinden declaraciones desde el Ministerio del Interior o la Presidencia del Consejo de Ministros.

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