Hasta sacaron comunicado para defender contratación de personas sin título pero con credencial de Alianza Para el Progreso. El Congreso lanzó un extenso pronunciamiento para acusar a un informe de “misógino” por cuestionar a sus trabajadores en comunicaciones. El documento está suscrito por esa misma oficina.
¿Una sola oficina concentra tanto poder sobre el Congreso? Ayer, el Poder Legislativo lanzó un furibundo comunicado, suscrito por una sola oficina: La de Comunicaciones e Imagen Institucional. ¿La razón? Despotricar contra un informe de El Comercio que revela que siete trabajadores de esa oficina no tienen la idoneidad académica ni profesional para esos cargos. El único requisito en común, y probablemente indispensable, de los siete cuestionados es la afiliación al partido político del aún presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, es decir, Alianza Para el Progreso (APP), de César Acuña, de Richard Acuña, y de la doctora María Acuña.
En el documento publicado en las redes del Congreso pero a nombre de la oficina de Comunicaciones, justo donde estarían los siete funcionarios cuestionados, sostiene que las críticas forman parte de una estrategia de «desprestigio». También, acusa al medio de practicar un «linchamiento mediático y escarnio» contra los trabajadores contratados. Por la extensión del comunicado y la dispersión de sus acusaciones y defensas, efectivamente, podría haber sido elaborado por personas con pocas facultades de redacción y comunicación institucional.
Congreso defiende contrataciones y asegura ser el blanco de «linchamiento mediático»
Asimismo, en el comunicado, el Congreso rechaza lo que considera una campaña de descrédito basada en «chismes y trascendidos». Asegura que las contrataciones cumplen con el Reglamento de Trabajo. Además, enfatiza que las críticas representan un acto de discriminación y misoginia, dado que varias de las funcionarias aludidas en los reportajes son mujeres.
El documento también destaca el marco normativo que regula las categorías laborales dentro del Congreso. Para esto, remarca que para ciertos puestos no se requiere título profesional, sino estudios técnicos y experiencia laboral.
La defensa del Congreso a sus trabajadores acuñistas se da tras un cierre de legislatura con la restitución de la inmunidad parlamentaria. Además, en los últimos días de la era Salhuana se dio luz verde a la controvertida Ley Chlimper 2.0, que otorga beneficios tributarios a grandes agroexportadoras. Esto último lo incluyen en el comunicado como si fuese un mérito innovador en la economía nacional.
Oficina de Comunicaciones también habría publicado datos sensibles sobre el asesinato de Andra Vidal
El 16 de enero, en las redes oficiales del Congreso se publicó un informe sobre el asesinato de Andrea Vidal. La publicación se basaba en un documento balístico de la PNP lugar de la necropsia oficial del Instituto de Medicina Legal. La difusión generó críticas, y la Comisión de Fiscalización citó a Alejandra Aramayo, jefa de Comunicaciones del Congreso y quien también está afiliada a Alianza para el Progreso.
Tras la controversia, Aramayo renunció a su cargo pero fue asignada a otra oficina, según lo señalado por el mismo presidente del Congreso, el también acuñista Eduardo Salhuana. Su afiliación a Alianza para el Progreso desde 2022 también ha sido mencionada, debido a su pasado en Fuerza Popular.
Varios legisladores cuestionaron la publicación, exigiendo mayor rigor en el manejo de información oficial del Parlamento. Sin embargo, nuevamente las redes del Poder Legislativo han sido usadas para defender la contratación de militantes de APP.
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