El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, en su presentación al Congreso sobre el Plan de trabajo que realizarán en materia de políticas públicas para cada sector, dejo claro que el Gobierno pretende que el Perú salga del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Arana dijo que, están conscientes que la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un aspecto de sumo interés para el Congreso de la República y la ciudadanía en general.
En tal sentido, anunció que, «no obstante que conforme al artículo 57 de la Constitución, es potestad del Ejecutivo adoptar una decisión soberana, como demócrata, propongo ante este honorable Parlamento, la creación de una Comisión integrada por el Ejecutivo, el Legislativo, la sociedad civil, la academia y las instituciones y organismos competentes, para evaluar, estudiar y proponer de manera seria y responsable una decisión consensuada sobre la continuidad del Perú en dicho Sistema».
Pero salir del sistema interamericano de derechos humanos (SIDH), significaría que el Perú decide renunciar a la protección y los mecanismos de defensa que ofrece este sistema regional.
Como se sabe, al SIDH lo componen la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
¿Qué implicaría para los peruanos salirse del SIDH?
Salirse de este sistema implica que un país ya no está obligado a respetar los derechos humanos, reconocidos en la Convención Americana. Y, por tanto, ya no está sujeto a la jurisdicción de la Corte IDH, que puede determinar si un Estado ha violado derechos humanos.
Luego, ese Estado ya no puede ser objeto de investigaciones y denuncias por parte de la CIDH, la cual puede investigar y denunciar supuestas violaciones. Y quienes han sido víctimas de violaciones por parte del Estado, ya no podrían beneficiarse de los mecanismos de protección y reparación que ofrece el SIDH a los ciudadanos.
En resumen, salir del SIDH significaría abandonar la obligación de adherirse a los estándares regionales en materia de derechos humanos y renunciar a la protección que este sistema brinda.
Como se recuerda, Eduardo Arana, siendo ministro de Justicia, lideró hasta cinco audiencias descentralizadas sobre la aplicación de la pena de muerte a violadores de menores de edad, “para escuchar las voces de todos los peruanos y generar un espacio para promover un diálogo participativo”.
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