La sede arequipeña de la Universidad Continental enfrenta una sanción económica superior a los 270 mil soles, equivalente a 51 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), tras ser denunciada por vulnerar el derecho al nombre social de una estudiante trans. La medida fue impuesta por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), que resolvió el caso en junio de este año.
Ana Flavia Chávez, estudiante de Derecho y activista de la comunidad trans en Arequipa, fue quien presentó el reclamo. Denunció que, a pesar de que la universidad cuenta con una política interna desde 2023 que permite el reconocimiento del nombre social, su solicitud no se atendió. Además, no recibió respuesta formal tras dejar constancia de su queja en el Libro de Reclamaciones.
Indecopi consideró que se incurrió en un acto de discriminación, afectando la idoneidad del servicio educativo. Durante el proceso, Chávez relató que la exposición de su nombre legal en plataformas del sistema digital institucional afectó gravemente su salud emocional y mental. “Tuve que estar acompañada de una psicóloga en este proceso porque mis compañeros veían mis nombres masculinos en las plataformas digitales y me trataban de compañero, otros incluso se burlaban”, expresó.
La Universidad Continental ha anunciado que apelará la resolución. Mientras tanto, Chávez continuará con las acciones legales en defensa de sus derechos.
Exigen cumplimiento de ordenanza contra la discriminación
Por otro lado, la activista también denunció el incumplimiento de la Ordenanza Regional N.° 428, aprobada en 2020 por el Consejo Regional de Arequipa, pero que hasta la fecha no ha implementado por el Gobierno Regional. Esta normativa establece lineamientos para prevenir actos de discriminación y promover la igualdad.
Ante esta omisión, se ha presentado una demanda constitucional por acción de cumplimiento, con el objetivo de que la gestión del gobernador Rohel Sánchez adopte las medidas necesarias. “Nos cansamos de esperar. Son años esperando que el gobernador y el gerente general implementen esta ordenanza”, reclamó Chávez.
Hans Godoy, abogado involucrado en el caso, explicó que «se está presentando esta demanda constitucional a fin de que el gobierno regional tenga las cosas claras y empiece a trabajar en este aspecto para evitar la discriminación”.
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