La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Noveno Despacho), a cargo del fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta, logró 36 meses de prisión preventiva para otros seis investigados por los delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencias, cohecho activo y pasivo propio, vinculados al caso Qali Warma.
Entre estos acusados está Edgar Capani, jefe de conservas de la empresa Frigoinca S. A. C. También figura Davilton Rodríguez, abogado del extinto programa de alimentación escolar Qali Warma. Asimismo está José Mera, supuesto especialista alimentario en Loreto. En la lista de imputados también aparecen Miguel Rosales, supervisor de Lima y Callao; Deyvis Espinoza, especialista del programa Qali Warma; y Yesabella Pazos, inspectora de la Dirección General de Salud (Digesa).
A la fecha, el referido despacho anticorrupción ha logrado que se dicte prisión preventiva para 11 personas. De este grupo de personas acusadas, un caso procede de Puno; cuatro en Ayacucho, Amazonas, Cajamarca y Ucayali. Las otras seis personas mencionadas proceden de diligencias en Lima y las provincias capitalinas. La medida de prisión preventiva para estos seis presuntos implicados, se decidió ayer, sábado 18 de julio.
A la fecha, hay 11 personas con prisión preventiva, quienes habrían manipulado procesos de selección y adjudicación contratos para favorecer a empresas proveedoras de alimentos.
Fiscalía alista solicitudes para el estatus judicial de Fredy Hinojosa en el Caso Qali Warma
Como parte de la investigación, se encuentra pendiente el debate de la comparecencia con restricciones de otros dos investigados y el debate del impedimento de salida del país, que incluye al investigado Fredy Hinojosa, exdirector ejecutivo de Qali Warma (2019-2022).
Asimismo, la Fiscalía precisa que uno de los investigados que se acogió a la figura de colaboración eficaz. Este investigado decidió develar su identidad a fin de hacer efectivos los actos de investigación.
Según la hipótesis fiscal, se habría enquistado una red criminal dentro de entidades del Gobierno. Esto con la finalidad de manipular los procesos de selección y adjudicación para favorecer a ciertas empresas proveedoras de alimentos, como Frigoinca. De esta manera, se habría perjudicado la salud de escolares de Puno y otros departamentos del país.
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