El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial la suspensión preventiva por 18 meses del comandante general de la PNP, Víctor Zanabria. Es investigado por presuntos delitos de corrupción durante su gestión en la IX Macrorregión Policial de Arequipa.
La fiscalía lo acusa de peculado doloso, colusión agravada, negociación incompatible y abuso de autoridad, vinculados a contrataciones irregulares.
Seis suboficiales declararon haber sido forzados a realizar trabajos de construcción, mientras sus registros oficiales los ubicaban en patrullaje. Además, el maestro de obra Claver Colquehuanca afirmó que, tras recibir un pago inicial de S/ 4,700, le transfirieron S/ 17,600 con la orden de devolver la diferencia en efectivo.
La Policía Nacional emitió un comunicado respaldando al general, asegurando que las obras se realizaron con donaciones y participación voluntaria del personal, sin afectar el servicio. Sin embargo, documentos fiscales contradicen esta versión, señalando que no hubo respaldo legal para el uso de recursos públicos.
Investigación contra Víctor Zanabria
Las pesquisas se centran en el mejoramiento del patio de armas de la región policial en agosto de 2020. Según la carpeta fiscal, Zanabria y Alarcón contrataron al obrero Cleber Colquehuanca Quispe por S/ 4,700. Supuestamente financiados con donaciones del Comité de Apoyo y Amigos de la Policía. Sin embargo, el pago final fue de solo S/ 4,500, dejando un saldo pendiente de S/ 200 para el obrero.
El caso tomó un giro sospechoso cuando, en noviembre de ese año, Colquehuanca recibió un depósito de S/ 17,600 en su cuenta. Según su testimonio, Zanabria le habría indicado que devolviera el excedente, lo que sugiere un posible esquema de desvío de fondos.
Además, en la misma fecha, se gestionó una donación idéntica (S/ 17,600) con la minera La Soledad SAG, recibida por Alarcón. La Fiscalía no encontró documentación que acredite el ingreso de estos fondos al Estado, lo que refuerza las sospechas de apropiación indebida.
La investigación también reveló que 15 suboficiales fueron obligados a trabajar como albañiles en lugar de cumplir sus funciones de seguridad. Según el abogado José Palacios, exoficial policial, se les hacía figurar en servicio activo para encubrir el hecho.
En una inspección del 27 de octubre de 2021, se halló un sobre con el cheque de S/ 17 mil 600 a nombre de Colquehuanca. Pese a esto, la institución policial no inició acciones internas, lo que para la fiscalía indica un posible encubrimiento institucional.
