Un grupo de comerciantes de la Asociación Ferial Siglo XX se apostó frente a la sede del Poder Judicial de Arequipa para exigir que se escuche su pedido: evitar la demolición de un muro que consideran parte de su propiedad desde hace más de tres décadas. La tensión aumentó luego de una segunda notificación judicial que ordena su derribo.
Los representantes buscan evitar incidentes y advierten que el fallo emitido por un juzgado constitucional es contradictorio. Además, denuncian que la notificación fue emitida a nombre de un tercero ajeno a la propiedad en disputa.
Protesta frente al Poder Judicial por controversia territorial
Desde el 26 de junio, los comerciantes han presentado una medida cautelar y un recurso de amparo solicitando la nulidad de la resolución que dispone la demolición del muro que separa a la Asociación Siglo XX de la Asociación Aconta. Rubén Rojas, vocero del grupo, expresó: “Queremos entrevistarnos con el presidente de la corte para darle a conocer nuestro malestar, el porqué el juzgado constitucional no atiende nuestra medida cautelar y recursos de amparo”.
El 7 de julio se intentó sin éxito ejecutar la primera demolición. Los comerciantes alertan que existe ahora una segunda notificación sin fecha ni hora, lo que ha generado preocupación. “Queremos prevenir de que no haya ningún incidente, ningún agraviado”, señaló Rojas, quien además dejó constancia de su reclamo ante la presencia de la presidenta del Poder Judicial en Arequipa.
Arequipa: denuncian contradicciones en resolución judicial sobre propiedad inscrita desde 1990
Según los comerciantes, el muro en cuestión fue construido dentro de los límites de su propiedad por motivos de seguridad. Aseguran que esta fue inscrita en registros públicos desde 1990, y rechazan los señalamientos sobre una presunta invasión de 1.25 metros a terreno ajeno. “Este juez corrupto ha sentenciado para que se derribe este muro dándole una cuestión de servidumbre de más de 48 metros. Estaría una servidumbre dentro de otra propiedad privada”, declaró Rojas.
Además, cuestionan que la notificación para demoler no haya sido dirigida a su partida registral, sino a la del señor José Luis Quiroz. “Hay una contradicción terrible. Este juez acepta nuestra apelación, pero también dice que debemos demoler el muro. ¿Cómo es esto?”, añadió.
Los comerciantes llegaron con 71 hojas impresas como sustento de su demanda. A pesar de no haber sido recibidos en ese momento debido a una reunión entre autoridades judiciales, dejaron constancia de su solicitud de audiencia. Entre tanto, el lugar se encontraba resguardado por efectivos de la Policía Nacional, mientras persiste el temor por un nuevo intento de demolición que podría generar enfrentamientos.
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