La Defensoría del Pueblo saluda el fallo del TC que declara inconstitucional el Decreto Legislativo N° 1373, sobre extinción de dominio. Según la entidad con Josué Gutiérrez a la cabeza, con lo dictaminado por el TC, “prevalece la objetividad del análisis jurídico-constitucional que fortalece el Estado de derecho”.
La extinción de dominio es una figura jurídica que permite al Estado recuperar bienes vinculados a actividades ilícitas, sin necesidad de una condena penal previa. Es decir, si se demuestra que un bien fue adquirido mediante delitos como corrupción, narcotráfico, lavado de activos, entre otros, puede ser confiscado por el Estado mediante un proceso judicial autónomo.
Sin embargo, esta herramienta jurídica que preocupaba a investigados como Vladimir Cerrón, Martín Vizcarra, o Alejandro Toledo, ahora queda recortada. La Defensoría del Pueblo, pudiendo publicar pronunciamientos sobre la represión reciente que vivieron las víctimas de las protestas contra Dina Boluarte, eligió manifestar saludando Al TC.
“Esta decisión constituye un aporte importante en el marco del desarrollo constitucional de todas las normas que rigen nuestro sistema jurídico, en defensa de los derechos fundamentales y el debido proceso, pilares esenciales de todo Estado de derecho”, Defensoría del Pueblo.
Asimismo, el comunicado asegura que “el Tribunal Constitucional ha acogido los fundamentos planteados por la Defensoría del Pueblo en la demanda de inconstitucionalidad, ratificando así nuestro compromiso con la protección de los derechos fundamentales”,
En el mismo pronunciamiento incluso se distorsiona el contexto de una frase de Mariategui:
“Reafirmamos que la Defensoría del Pueblo seguirá vigilante, accionando ante el Poder Judicial […]. Como dijera el insigne compatriota, José Carlos Mariategui: ‘En el Perú hay que ser absolutamente mediocre para no ser detestado’”, comunicado de la Defensoría del Pueblo, presidida pro Josué Gutiérrez.
Tribunal Constitucional limita Ley de Extinción de Dominio
Ayer, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales partes de esta ley, especialmente aquellas que permitían aplicar la extinción de dominio retroactivamente (a bienes adquiridos antes de 2018) y sin garantías procesales. Esto significa que ahora solo se puede aplicar a hechos ocurridos después de la entrada en vigor de la norma, y se deben respetar derechos como la propiedad y el debido proceso.
Antes del reciente fallo del Tribunal Constitucional, la extinción de dominio podía aplicarse retroactivamente, lo que implicaba que el Estado podía confiscar bienes adquiridos antes de 2018, incluso si no había una sentencia penal firme. Esto tenía implicancias directas en investigados por el caso Lava Jato o el de Vladimir Cerrón, cuyos bienes estaban siendo evaluados bajo esta figura.
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