Dina Boluarte está con la sangre en el ojo. La tía ha tomado el camino de la violencia y lleva una semanita explosiva. Después de provocar un conflicto diplomático innecesario con Bolivia, la presidenta ahora lanzó sus dardos contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Dina Ercilia salió en defensa de la infame Ley de Amnistía a favor de militares y policías sentenciados por violaciones a los derechos humanos entre los años 1980 hasta 2000.
Más rabiosa que de costumbre, la mandataria argumentó que el país no es una colonia para acatar un fallo supranacional contra sus amiguitos de las Fuerzas Armadas y la Policía. Bien sobona la tía, será porque, si no fuera por algunos militares y polícías, ya sería vecina de Ollanta, Toledo y Castillo.
Presidente del Congreso se suma al club antiderechos humanos y respalda la salida del Perú de la Corte IDH
José Jerí, acusado de abuso sexual, ha empezado su paso como el último presidente del Congreso unicameral de forma, digamos… accidentada. Aunque en su discurso inaugural prometió un Congreso autocrítico y abierto a la fiscalización, no ha logrado calmar el repudio generalizado hacia la institución más odiada del país. Tanto así que, en un intento de conectar con “la gente”, él y sus colegas tuvieron que retirarse entre pifias y abucheos del Hipódromo de Monterrico.
Y al parecer, José Jerí ha optado por refugiarse en el rincón más oscuro de la política peruana: la DBA, ese club exclusivo donde también Dina Boluarte se siente como en casa. No por nada se sumó al cuento de que la Corte IDH solo protege a caviares, y que ya es hora de que el Perú —según Dina, tan democrático— resuelva solito sus problemas de derechos humanos.
Una postura peligrosa que podría poner en serio riesgo lo poco que queda de democracia. Y los peruanos quedaremos a merced de los futuros dictadores.
Ollanta Humala asegura que su encarcelamiento es ilegal y lo define como un secuestro estatal
Desde su suite en el penal de Barbadillo, el expresidente Ollanta Humala ha decidido reinterpretar el concepto de “encarcelamiento” como un secuestro estatal. Condenado a 15 años por lavado de activos (gracias a esos modestos aportes electorales del 2006 y 2011), Humala alega que su encierro es ilegal. Según él, los jueces firmaron su sentencia en horas no laborables, semanas después de meterlo tras las rejas.
“Mi encarcelamiento ilegal constituye una flagrante violación al debido proceso y configura un secuestro por parte del Estado”.
Mientras tanto, Nadine Heredia disfruta del asilo político en Brasil (¿playitaa?). Humala insiste en que esto no es justicia, sino un reality show penal con guion defectuoso. Eso sí: nadie le ha negado el derecho a escribir columnas de opinión, como hizo este domingo. Prioridades, señores.
