Durante su mensaje presidencial por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte afirmó que su gobierno trabaja por una “justicia igualitaria, reparadora y accesible”, impulsando reformas estructurales y jornadas de difusión. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con las denuncias de injerencia política en el Ministerio Público y los constantes cuestionamientos a la independencia judicial durante su mandato.
“Al inicio de mi gobierno, asumí el compromiso de brindar una justicia real y concreta en favor de todos los peruanos; una justicia accesible para todos, pero que a su vez sea reparadora y primordialmente igualitaria. Para ello, se requiere una reforma al actual sistema de justicia […]. Trabajamos con fuerza para lograr los consensos necesarios con los demás poderes del Estado que nos permitan implementar una reforma del sistema de justicia estructural, que facilite el acceso real a la justicia”, Dina Boluarte insiste con intervenir a las instituciones del sistema judicial (Ministerio Publico y Poder Judicial) para lograr una “verdadera justicia”
Asimismo, mientras el Ejecutivo anuncia “caravanas de justicia” y millones de atenciones legales, ha respaldado silenciosamente decisiones que debilitan la institucionalidad democrática.
“Hemos visto con estupor cómo una institución fundamental del Estado constitucional viene siendo tomada por intereses subalternos, ajenos al interés nacional. Compartimos el deseo de muchos peruanos de contar con un sistema de justicia que garantice la defensa de la legalidad de manera objetiva, oportuna, independiente, autónoma e imparcial. Tenemos el deber de rechazar la politización del sistema judicial”, Dina Boluarte en su mensaje presidencial.
En mensaje presidencial, Dina Boluarte busca lavar su imagen en derechos humanos
Dina Boluarte también aseguró que su gobierno ha fortalecido la defensa internacional de la democracia y los derechos humanos, destacando su participación en foros internacionales. No obstante, esta estrategia diplomática busca imponer una narrativa de respeto a los derechos humanos, mientras en el país persisten denuncias de ejecuciones extrajudiciales, represión a protestas y falta de justicia para víctimas del estallido social de 2022–2023.
El uso de la política exterior para lavar la imagen del gobierno ante la comunidad internacional evidencia una desconexión entre el discurso oficial y la realidad nacional. Mientras en el extranjero se habla de gobernabilidad, en el Perú se criminaliza la protesta y se blinda a los responsables de violaciones a los derechos humanos.
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