Dina Boluarte lanzó una amenaza directa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos al rechazar la orden de suspender la tramitación de la controvertida ley de amnistía. Ley que busca eximir de responsabilidad penal a militares, policías y miembros de comités de autodefensa acusados, investigados o incluso condenados por violaciones graves a los Derechos Humanos durante el periodo de lucha contra el terrorismo.
La presidenta sostuvo que “no permitirán la intervención de ningún organismo internacional en nuestra soberanía”. Esta declaración se da pese a que el Estado peruano es parte del sistema interamericano de derechos humanos y, por tanto, está obligado a acatar sus decisiones.
Mientras tanto, familiares de las víctimas de las protestas del 2022 y 2023 se unieron con colectivos de deudos de desaparecidos y asesinados durante el régimen de Alberto Fujimori. Juntos pidieron a la población a que no se normalicen las matanzas cometidas desde el poder y piden que no se borre con leyes lo que la justicia y la memoria colectiva aún buscan esclarecer.
