El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) decidió mantener en funciones al gerente regional de Salud, Walther Oporto Pérez, a pesar de que la Contraloría General de la República le impuso una sanción de inhabilitación por tres años para ocupar cargos públicos, debido a su participación en un programa de entrega de vales de consumo que ocasionó un perjuicio económico a la entidad.
Durante una conferencia de prensa realizada para informar sobre la línea de tiempo de los nuevos hospitales de Camaná y Maritza Campos, el gerente general del GRA, Johan Cano Pinto, confirmó que Oporto seguirá en el cargo.
“El doctor Walther Oporto hasta la fecha no tiene un impedimento consentido. Es evaluación del gobernador [Rohel Sánchez] su permanencia o retirarle la confianza. Sin embargo, el gerente está desempeñando sus funciones”
gerente general del GRA, Johan Cano Pinto
Asimismo, sostuvo que el funcionario apelará la sanción ante el Tribunal Superior de Procesos Administrativos de la Contraloría. Cano agregó: “Somos respetuosos de la legalidad y de los procedimientos, tanto del Estado como del gerente Oporto en defensa de su derecho. Entonces, en el momento determinado con los instrumentos y documentos que determinen una causa firme, se tomará las acciones qué correspondan”.
Caso de los bonos
La Contraloría emitió el Informe de Auditoría N.° 032-2024-2-0663-AC, en el cual detectó un perjuicio económico de 361 mil 746 soles a la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Arequipa. El informe sostiene que la irregularidad se produjo tras la aprobación y ejecución del programa de entrega de bonos de alimentos que no cumplía con las disposiciones legales ni presupuestales.
Los hechos se originan en octubre de 2023, cuando Oporto, en su primera gestión como gerente de Salud, aprobó el Programa de Soporte Nutricional “Apoyo Alimentario”. Este beneficio estaba dirigido a funcionarios y servidores de la Geresa y de la red de Salud Islay, bajo el argumento de que se trataba de una “condición de trabajo”.
Sin embargo, la Contraloría determinó que la medida carecía de sustento técnico, legal y presupuestal, y que no existía solicitud formal para su implementación. Pese a ello, se procedió con la Adjudicación Simplificada N.° 07-2023-GRS-GRA-1, que culminó en la compra de 406 vales de consumo, cada uno valorizado en 900 soles, a la empresa Megacentro Carmen’s SRL.
La adquisición fue autorizada incluso cuando la Ley de Presupuesto 2023 prohibía este tipo de entregas al no cumplir con los requisitos establecidos por Servir. Además, los bonos se entregaron entre diciembre de 2023 y enero de 2024 sin tener relación con la alimentación del personal durante su jornada laboral.
Responsables adicionales en Arequipa
El informe también señala responsabilidades en otros funcionarios. La entonces directora ejecutiva de Administración, Miluzca Rivas Arestegui, firmó el contrato con el proveedor a pesar de que el Órgano de Control Institucional ya había advertido sobre la ilegalidad de la medida.
Del mismo modo, el ex jefe de la Oficina de Asesoría Legal, Rolando Paucara Apaza, emitió una opinión favorable al procedimiento, omitiendo la observación de la oficina de control interno.
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