Un reciente análisis realizado por Macroconsult, en colaboración con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), reveló que Arequipa enfrenta serias limitaciones en la ejecución del presupuesto vinculado a la actividad minera. Según el estudio, solo 14 de las 109 municipalidades de la región lograron utilizar más del 75% de los recursos transferidos por canon, regalías y derechos de vigencia durante el 2024.
Arequipa y la baja ejecución presupuestal en municipalidades
Durante el 2024, las transferencias mineras a Arequipa superaron los S/ 1,143 millones, de los cuales el 79% fue destinado a los gobiernos locales. No obstante, la baja capacidad de ejecución pone en riesgo la posibilidad de transformar estos ingresos en obras o servicios concretos para la ciudadanía. La diferencia entre el volumen de recursos transferidos y su aprovechamiento efectivo se ha convertido en una de las principales preocupaciones para el desarrollo local.
En el caso del Gobierno Regional de Arequipa, los S/ 268 millones recibidos por recursos mineros representaron cerca del 40% de su presupuesto de inversiones. A nivel municipal, las transferencias ascendieron a S/ 875 millones, equivalentes al 44% del presupuesto disponible para este fin. Estas cifras muestran el peso que tiene la minería en la estructura financiera regional y municipal, pero también la urgencia de mejorar la eficiencia del gasto.
Además de la limitada capacidad de ejecución, se suman desafíos como la planificación deficiente, falta de personal técnico y procesos burocráticos que retrasan los proyectos. Esto impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente en zonas donde aún existen brechas importantes en acceso a servicios básicos, salud, educación e infraestructura.
Arequipa y el llamado a mejorar la gestión del impacto minero
Desde la organización de PERUMIN 37, se subrayó la necesidad de aprovechar mejor los recursos que la minería genera. El evento, que promueve el diálogo entre el Estado, empresas y academia, apuntó a generar consensos para una gestión pública más eficiente. La presidenta del evento, Jimena Sologuren, advirtió sobre la necesidad de que las autoridades locales asuman un rol más proactivo y articulado con otros actores para cerrar brechas sociales y económicas.
En esa línea, la región tiene el reto de garantizar que la riqueza generada por la minería no quede solo en cifras macroeconómicas, sino que se traduzca en mejoras tangibles para la población. El análisis presentado también confirmó que en 2024, la minería representó el 32% del PBI regional, generó más de 30 mil empleos directos y aportó exportaciones por más de US$ 6,000 millones, equivalente al 90% del total exportado por Arequipa.
El panorama evidencia que Arequipa cuenta con los recursos, pero necesita reforzar sus capacidades de gestión para transformar la riqueza minera en bienestar social. La articulación entre autoridades, empresa privada y sociedad civil será clave para asegurar que los millones recibidos por transferencias se conviertan en inversión eficiente, oportuna y de alto impacto para todos los arequipeños.
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