El Ministerio Público de Arequipa ha puesto el foco en el procedimiento de la comisaría de Santa Marta. Esto, tras la liberación de los 15 individuos detenidos in fraganti durante el desalojo de una casona en la calle Jerusalén, el pasado 26 de agosto, donde operaba la discoteca LGTB Imperio Freetown.
Según la institución ministerial, el envío de los actuados por parte de la comisaría se produjo con una demora crítica. Solo faltando apenas diez minutos para que expirara el plazo máximo de detención preliminar del primer arrestado.
El Ministerio Público detalló que, tras la audiencia de control de legalidad realizada a las 18:00 horas del 27 de agosto, el Poder Judicial fue quien dispuso la liberación de los investigados. En dicha audiencia, la Fiscalía sí presentó formalmente la disposición para iniciar la investigación preparatoria y el requerimiento de prisión preventiva contra los 15 detenidos.
Ellos son acusados de los presuntos delitos de desobediencia agravada y peligro común. La decisión sobre dicha medida coercitiva ahora queda a la espera de que el juzgado fije una nueva fecha para una audiencia específica.
Este episodio se enmarca en un trasfondo de tensiones institucionales. Previamente, el mismo Poder Judicial de Arequipa había informado que la liberación de un primer grupo de detenidos se debió a que la Fiscalía no presentó el recurso de apelación correspondiente dentro del plazo legal. Este es de 48 horas, tras excederse en casi tres horas el tiempo de detención.
Violento desalojo en Arequipa
El operativo de desalojo, que puso fin a un litigio judicial de ocho años por una casona en el Cercado de Arequipa, se desarrolló en un ambiente de extrema violencia. El local, alquilado originalmente para funcionar como hospedaje, pero que operaba irregularmente como discoteca, fue escenario de una fuerte resistencia.
Un grupo de aproximadamente 15 personas, entre las que se encontraban extranjeros, se atrincheró en el interior. Lanzaron bombas molotov contra las autoridades, lo que derivó en su detención inmediata por flagrancia.
La propietaria del inmueble, representada por la abogada Carelia Encalada, sostuvo que el inquilino dejó de pagar el alquiler tras solo dos meses y se convirtió en un ocupante ilegal. Pese a contar con una orden de desalojo emitida en junio, la ejecución de la medida se vio repetidamente obstaculizada por actos violentos que, según denunció, pusieron en riesgo la seguridad de toda la zona.
La situación judicial de los liberados queda ahora sujeta a la próxima audiencia que convoque el juzgado, donde la Fiscalía de Arequipa insistirá en su pedido de prisión preventiva.
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