El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró inaplicable el artículo 4 de la Ley N.º 32107 en un proceso. Como se recuerda, esta ley vigente busca la prescripción de crímenes de lesa humanidad cometidos antes del año 2002. La decisión se tomó en el marco del proceso contra Arturo Luis Castro Arias, investigado por homicidio calificado.
La norma aprobada por el Congreso de mano de Rospigliosi y Cueto, establece que los crímenes cometidos antes de la entrada en vigor del Estatuto de Roma no podían ser considerados como delitos de lesa humanidad. Sin embargo, el juez Richard Carhuancho aplicó el mecanismo de control difuso.
El magistrado inaplicó la ley de prescripción, también conocida en algunos sectores como Ley de Impunidad, argumentando que contraviene el derecho convencional. Entre las normas que es incompatible está la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.
“Este despacho considera que esta ley número 32107, es contrario al derecho convencional, concretamente, es contraria a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crimines de Guerra y Lesa Humanidad. […] Igualmente, es contrario al Estatuto de Roma”, señaló el juez Richard Concepción Carhuancho, en su fundamento.
La decisión judicial se alinea con advertencias previas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había expresado preocupación por el intento legislativo de limitar la justicia en casos emblemáticos de violaciones graves a los derechos humanos. Según Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal (IDL), desde que la ley de prescripción fue publicada en agosto de 2024, al menos 47 jueces han decidido no aplicarla.
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