Los comuneros afectados aseguran que la intervención policial se realizó mientras sigue en curso una acción de amparo que busca garantizar su traslado a la zona PB3 de Majes I, compromiso que, afirman, no se han cumplido. Denuncian que esta situación vulnera su derecho a la vivienda y pone en riesgo la estabilidad de sus familias, quienes vendieron sus terrenos para la construcción de la represa de Angostura con la promesa de recibir una nueva ubicación.
Comuneros reclaman incumplimiento de reubicación
Los representantes de la Asociación de Propietarios Individuales Afectados por la Construcción de la Represa de Angostura señalan que Autodema no ha entregado las 506 hectáreas acordadas en la Pampa Baja de Majes I. Este compromiso formaba parte del convenio de compraventa firmado cuando cedieron sus tierras para el proyecto hidráulico. La falta de transferencia de predios ha derivado en un proceso contradictor que, según los comuneros, debía resolverse antes de cualquier desalojo.
Además, los dirigentes cuestionan el uso de la fuerza durante las operaciones policiales, las cuales, aseguran, se han repetido en tres ocasiones. Afirman que estas acciones se han realizado sin considerar las resoluciones judiciales a su favor y sin ofrecer alternativas de reubicación que garanticen su derecho a la vivienda.
El presidente de los comuneros, Félix Yanque, expresó su indignación por el operativo: “Estamos en Pusa Pusa. Hemos sufrido otro desalojo más, arbitrario, a pesar de que hemos cursado documentos a diferentes instituciones, más que todo a la Policía Nacional, porque dentro de su protocolo, dice, donde existe una demanda, no pueden ellos actuar”.
Denuncias contra Autodema y llamado a las autoridades en Arequipa
Los comuneros sostienen que las condiciones actuales los han llevado a una situación de extrema vulnerabilidad. Según Yanque, las familias afectadas sobreviven con trabajos eventuales en Caylloma mientras esperan que el Poder Judicial resuelva la acción de amparo que, insisten, debía frenar el desalojo.
El dirigente también recordó que el convenio original establecía la reubicación y la restauración de sus medios de vida, medidas que no se han materializado pese a estar respaldadas por resoluciones judiciales. Esta demora, señalan, ha incrementado la precariedad de las familias y ha generado un clima de tensión en la comunidad.
“Nosotros no somos invasores, siempre hemos vivido acá y a este proyecto, Autodema, le hemos vendido nuestras tierras de buena fe para que se construya esta represa y restablezca nuestro cuadro de vida. Nos han prometido 506 hectáreas en la Pampa de Pampa Baja, Majes I, hasta hoy día nunca nos han entregado”, remarcó Yanque.
Los comuneros de Pusa Pusa demandan la intervención de las autoridades regionales y nacionales para que se cumplan los acuerdos firmados y se respete el proceso judicial en curso. Mientras tanto, las familias desalojadas permanecen en situación de incertidumbre, a la espera de una respuesta que garantice su derecho a la vivienda y a la reubicación prometida en Arequipa.
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