Trabajadores administrativos de las sedes educativas de la región Arequipa han esperado por más de ocho meses sin resultados al cumplimiento de la octogésima disposición complementaria de la Ley Nº 32185 (Ley de Presupuesto 2025). Este habilita el incremento del CAFAE, equivalente a un bono adicional en sus ingresos. Aseguran que la responsabilidad recae en el gobernador Rohel Sánchez.
“Ya mucho nos han mecido ya. Llevamos ocho meses y no nos pagan nuestro CAFAE, merecemos un pago para tener una vida mejor”, declaró una trabajadora y miembro de la Federación de Sedes Administrativas de Educación del Perú (FESADEP) de Arequipa. Otro miembro del gremio explicó que son más de 400 servidores del régimen Nº 276 que laboran entre las diez Unidades de Gestión Educativa Local (Ugel), así como de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa, a los que se les incumplió este incentivo económico.
Esta exigencia obligó a los trabajadores a realizar hoy un plantón a las afueras de la sede del Gobierno Regional de Arequipa. Incluso, hubo quienes se encadenaron en las rejas de la institución, ubicado en la Av. Kennedy. “Ya no sabemos qué hacer. Todo es firma de actas, promesas y promesas que no se cumplen”, expresó otra trabajadora proveniente de la Ugel Islay.
Respuesta a protesta en Arequipa
En respuesta a la protesta, el jefe de la Oficina de Diálogo y Gobernanza del Gobierno Regional de Arequipa, Marco Sipán, señaló que no tienen esa disponibilidad presupuestal para ejecutar el aumento que reclama la FESADEP.
Explicó que la normativa resulta inviable, ya que el presupuesto regional, que se aprobó con un año de anticipación en la Ley de Presupuesto, está ya comprometido en los diferentes sectores. “No podemos agarrar el dinero de otros sectores. No podemos desvestir un santo para vestir otro”, declaró en los canales oficiales del GRA.
“El incremento que se pide demanda 13 millones de soles y es imposible tenerlo en este momento… Esa norma debió haber sido acompañada con un presupuesto”, explicó Sipán. El funcionario instó a que se evalúe redireccionar saldos del sector Educación para cubrir los pagos de forma parcial, mientras se sostienen alternativas con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
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