El abogado Humberto Abanto, durante una conferencia, afirmó que el proceso judicial contra el exgobernador de Junín y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, refleja una tendencia creciente en el país a judicializar la política. Señaló que, más allá de las responsabilidades que deban determinarse en sede judicial, preocupa que las decisiones de los tribunales se conviertan en un mecanismo para dirimir disputas políticas.
Abanto indicó que Cerrón tiene cuentas pendientes con la justicia, pero insistió en que los procesos deben conducirse con pleno respeto al debido proceso y a las garantías constitucionales, evitando que la persecución penal sea utilizada como una herramienta de eliminación de adversarios.
El abogado advirtió que casos como el de Cerrón ponen en evidencia un problema estructural en el sistema político peruano: la falta de institucionalidad sólida que impida que los conflictos se trasladen al ámbito judicial, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones.
Advertencia sobre la estabilidad política
Abanto remarcó que las instituciones deben priorizar la estabilidad del sistema político, evitando que la lucha contra la corrupción o la impunidad se convierta en un pretexto para desnaturalizar garantías como la inmunidad presidencial o el derecho al debido proceso, que —según dijo— resultan esenciales para la democracia.
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