Las protestas recientes contra las AFPs han reabierto una discusión que parecía dormida, pero que sigue afectando a millones de peruanos. El malestar se siente en la calle, en los medios y también en las familias que miran con preocupación cómo sus aportes se diluyen en un esquema que, en lugar de garantizar un futuro digno, parece servir a los grandes grupos financieros. Desde Arequipa y Ayacucho, periodistas de la Red de Medios Regionales del Perú reunieron a especialistas y activistas para conversar sobre un sistema que muchos catalogan como un “robo con disfraz legal”.
Uno de los especialistas invitados fue José Carlos Mallma Soto, abogado y defensor de los derechos del consumidor, quien recalcó que el problema principal radica en la falta de autonomía de los aportantes. Para él, la reforma pensionaria se diseñó pensando en las empresas y no en los ciudadanos. La muestra más clara está en las restricciones impuestas: se prohibió a quienes tenían menos de 40 años retirar el 95% de su fondo al jubilarse y, además, se pretendía obligar a los trabajadores independientes a incorporarse a una AFP sin opción de decidir. En la práctica, el sistema privatizado restringe la libertad de elección y asegura que los bancos, dueños de estas administradoras, concentren un negocio millonario con escasa competencia real.
Chile, un espejo con luces y sombras
La discusión también se abrió hacia experiencias internacionales. Marcelo Taito, ingeniero comercial y profesor de la Universidad de las Américas de Chile, recordó que el modelo de AFP nació en su país en los años ochenta y fue exportado al Perú una década después. Explicó que sobre el papel parecía un esquema impecable: un trabajador formal, con empleo estable y sueldo creciente, podía jubilarse sin sobresaltos. Pero la realidad es otra. Ni en Chile ni en Perú existe ese “trabajador ideal”. La informalidad, los salarios bajos y las lagunas en las aportaciones hicieron que la promesa se derrumbe.
Taito reconoció que las AFP han generado rentabilidades, pero la molestia surge cuando las pérdidas las asumen solo los trabajadores, mientras que las empresas nunca dejan de cobrar sus comisiones. En Chile, los retiros de fondos durante la pandemia fueron un alivio inmediato para miles de familias, pero también trajeron inflación y dejaron cuentas previsionales vacías. La consigna ciudadana “No más AFP” se transformó en marchas multitudinarias, aunque el sistema aún no desaparece. Para el especialista, la clave está en que el Estado recupere el rol regulador, establezca límites claros y garantice una pensión mínima digna.
El malestar en el Perú y la voz de las protestas
En el caso peruano, Lorenzo Ruiz de la Vega, vocero del colectivo ciudadano Bloque Lima Popular, describió cómo las AFP han quedado marcadas por una imagen ligada a la corrupción y al fujimorismo. Según él, la captura de instituciones y la influencia de lobbies han frenado cualquier intento serio de reforma. El resultado es un sistema desprestigiado que, lejos de proteger, condena a miles de jubilados a vivir con pensiones que apenas superan los 600 soles.
Ruiz de la Vega remarcó que la indignación es más fuerte entre los jóvenes. Muchos ya no confían en las AFP ni en la ONP, y buscan otras salidas: ahorros en bancos o cooperativas, pequeños negocios, incluso inversiones en criptomonedas. No se trata solo de números. Se trata de vidas en riesgo. Contó que sus propios padres, agricultores, trabajaron toda la vida y no tienen un sol asegurado para su vejez. La preocupación se multiplica cuando se piensa en salud, porque el sistema público colapsa y deja a las familias libradas a su suerte.
Reformar o resistir: la encrucijada de un sistema cuestionado
La conversación coincidió en que el modelo actual no cumple con su promesa de asegurar un retiro digno. En Perú, los ocho retiros aprobados por el Congreso vaciaron cuentas que ya eran frágiles. La ONP, por su parte, tampoco ofrece garantías, pues exige largos años de aportes a cambio de pensiones mínimas. Para algunos, la solución pasa por diseñar un esquema mixto, donde la capitalización individual conviva con un fondo solidario y con un Estado que fiscalice de verdad.
Sin embargo, el panorama político no inspira confianza. Ruiz de la Vega fue tajante al señalar que con el Congreso actual no habrá cambios profundos y que la única salida es la organización ciudadana. Por ahora, las movilizaciones continúan y nuevas jornadas de protesta están convocadas. La sensación compartida es que la lucha por un sistema de pensiones más justo no se resolverá con leyes apresuradas ni con promesas vacías, sino con un movimiento social que ponga la dignidad por encima de los intereses financieros.
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