Congresistas de distintas bancadas presentaron una moción de censura en contra de Juan José Santiváñez, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos por los audios que revelan un presunto tráfico de influencias a favor del criminal Miguel Salirrosas, apodado ‘El Diablo’, sentenciado por pertenecer a la banda criminal «Los Pulpos».
La moción cuenta con 34 firmas y fue promovida por la parlamentaria Susel Paredes. Si bien la impulsó previo a la difusión de los audios contra Santiváñez, la revelación de estos que incentivó para que más congresistas se sumaran y se alcanzara las firmas necesarias para que se admita en el Pleno.
Luego, de su debate y si llega a contar con 67 votos a favor para su aprobación -en sesión plenaria que se realizaría en octubre, porque la siguiente semana es de representación- Santiváñez Antunez se le censuraría.
Las firmas para la moción de censura se juntaron luego de que el ministro Santiváñez estuviera presente en la Comisión de Fiscalización que lo citó para que respondiera por los audios difundidos que lo acusaban de presunto tráfico de influencias, y que lejos de admitir su responsabilidad, se victimizó y dijo que había una campaña en su contra.
¿En qué se sustenta la moción de censura contra Santiváñez?
Según se lee en el texto de la moción de censura contra el ahora ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, se cuestiona su idoneidad para el cargo, ya que recuerdan su gestión como ministro del Interior que se caracterizó por una falta de eficacia en la lucha contra la inseguridad, con un aumento significativo en los índices de la criminalidad.
Como la situación de violencia escaló a niveles insostenibles, el Congreso lo censuró en marzo de 2025 por su incapacidad para enfrentar la creciente ola de delincuencia. También sumaron sus fallidos operativos.
Además, Santiváñez tiene graves acusaciones judiciales, incluyendo tráfico de influencias, abuso de autoridad, y su implicación en una presunta organización criminal vinculada a actos de corrupción como el direccionamiento de contratos públicos, la influencia en ascensos y permanencias de generales de la Policía Nacional, la protección de operaciones mineras ilegales y encubrir actos ilícitos en la administración pública.
«A Santiváñez lo investigan por varios delitos»
Como se informó, al ministro se les está siendo investigando también por varios delitos graves y está enfrentando una serie de procesos judiciales que incluyen un impedimento de salida del país. “Esta acumulación de cargos, junto con la falta de confianza política y ética, ha erosionado su capacidad para liderar el Ministerio de Justicia, sector crucial para la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos”, argumentan.
Los legisladores también hacen notar la contradicción de su nombramiento luego de su censura en otro cargo del Ejecutivo y consideran que su permanencia en el puesto representa un riesgo para la administración de justicia en el país. Finalmente, argumentan que su posición al frente de la política anticorrupción y de derechos humanos afecta la integridad del Estado de Derecho y la transparencia del gobierno.
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