El Juzgado Civil de La Oroya confirmó el desalojo de las últimas familias que aún residen en Morococha antigua, en la provincia de Yauli, Junín, a pedido de la minera Chinalco. La diligencia quedó programada para el 19 de septiembre a las 11:10 de la mañana, con apoyo de por lo menos 30 policías y autorización de descerraje.
El juez Jesús Santana Socualaya declaró improcedente la oposición presentada por el poblador Elvis Antonio Atachagua Ursua, quien cuestionaba la medida cautelar concedida a Chinalco en junio. Con ello, el magistrado ratificó que la empresa tiene derecho de propiedad inscrito en la SUNARP y validó la orden de lanzamiento.
La resolución advierte que los enseres de los moradores serán dejados en la vía pública bajo su responsabilidad, lo que genera preocupación por la desprotección de las familias.
El conflicto se arrastra desde 2012, cuando Chinalco promovió el reasentamiento a la llamada “Nueva Morococha”. Aunque la mayoría de pobladores aceptó, un grupo de familias permaneció en la antigua localidad alegando incumplimiento de promesas, riesgos ambientales y falta de oportunidades.
Programa de la Red de Medios Regionales del Perú
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