Representantes del Estado quedaron sin respuesta ante las preguntas de la CIDH en el caso de Georgina Gamboa. No pudieron justificar la legalidad de su detención, ya que no existen documentos que la respalden, ni explicar por qué estuvo encarcelada cinco meses en un penal de adultos, a pesar de que se demostró que tenía solo 17 años.
Finalmente, el propio Estado reconoció que el proceso por el que fue acusada —asesinato y subversión— fue desestimado y por ello recuperó su libertad. Respecto a las reparaciones, se corroboró que la hija de Georgina recién accedió, muchos años después y ya siendo mayor, a una beca de estudios que el gobierno otorgó de manera tardía e insuficiente.
Este caso ha vuelto a ponerse en el foco mientras en el Perú se debate una Ley de Amnistía que favorecería a policías, militares y comités de autodefensa responsables de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. La Corte IDH ha instado al Estado peruano a que suspenda el trámite de esta ley y que no la aplique mientras se evaluaban sus efectos sobre víctimas, como en casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta.
La presidenta Dina Boluarte, por su parte, continúa defendiendo la amnistía afirmando que no permitirá la intervención de la Corte IDH. Incluso en la ONU remarcó que se crean narrativas falsas y que los «héroes que pelearon contra el terrorismo son victimarios»
La CIDH evita que queda la impunidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos funciona como una instancia internacional a la que los Estados se someten mediante tratados que han firmado. Actúa cuando la justicia doméstica no responde, cuando hay impunidad, o cuando las víctimas no han sido escuchadas. Si la polémica ley de amnistía consigue que el país se retire del tratado, los casos como el de Georgina Gamboa podrían volver a quedar en la absoluta impunidad.
El Estado ya ha sido señalando por organismos de derechos humanos por no cumplir con medidas de reparación, por demoras injustificadas, y por no investigar de forma seria los abusos denunciados. El caso Gamboa García recuerda que décadas de crímenes de lesa humanidad requieren justicia, verdad y sanción.
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