Por falta de idoneidad, confianza y probidad para ocupar el cargo de ministro de Justicia, 36 congresistas de diversas bancadas presentaron una moción de censura contra Juan José Santiváñez, propuesta que se debatiría en el Pleno de la próxima semana.
La parlamentaria Susel Paredes venía recolectando las 33 firmas que se necesitan para oficializar la moción de censura, pero al final se lograron 35 rúbricas. Y según el Reglamento del Congreso, el Pleno puede debatirla entre el cuarto y décimo día natural después de su presentación.
De acuerdo con el documento, el principal cuestionamiento es su regreso al gabinete. Esto, pese a que hace cinco meses fue censurado como ministro del Interior por el Congreso. Si prosperara la moción, Santiváñez sería el primer ministro en haber sido censurado y, por tanto, separado dos veces.
Asimismo, califican la gestión de Santiváñez en el Ministerio del Interior como “desastrosa”, sin resultados concretos e ineficacia de las medidas adoptadas, como las reiteradas declaraciones de estados de emergencia “sin impacto sostenible en la reducción de la delincuencia”.
Santiváñez reconoce que tiene doce carpetas fiscales
A esta situación se suman los procesos judiciales que enfrenta el actual ministro, como un impedimento de salida del país por 18 meses, por la investigación por tráfico de influencias agravado, que la Corte Suprema le aplicó en junio de 2025, luego de que se acreditara que solicitó hasta USD20.000 para influir en magistrados del Tribunal Constitucional.
Como se ha difundido este martes, Santiváñez de puño y letra reconoció en su Declaración Jurada ante la Presidencia del Consejo de Ministros para asumir sus nuevas funciones, que tiene doce carpetas fiscales con investigaciones por delitos como tráfico de influencias, abuso de autoridad, lavado de activos, encubrimiento personal, negociación incompatible, malversación de fondos y omisión de denuncia.
La moción de censura califica esta acumulación de investigaciones como “inédita y sumamente preocupante”.
Algunas investigaciones al ministro de Justicia
Las acusaciones son por hostigar a un periodista utilizando recursos públicos, entregar un celular reseteado a la Fiscalía. Está también el caso denominado “El Cofre Presidencial”, por la que tiene una denuncia constitucional de la Fiscalía. Se le acusa de omisión de denuncia por no informar el uso de un vehículo oficial para facilitar la fuga del exgobernador Vladimir Cerrón.
De acuerdo con la moción parlamentaria, “solamente estos tres procesos judiciales configuran un cuadro de seria pérdida de confianza política y ética, incompatible con su permanencia como ministro de Justicia y Derechos Humanos”.
Incluyen, además, la última orden de allanamiento que dictó el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, porque vinculan a Santiváñez como “hombre clave dentro de una presunta organización criminal”. En esta, se le atribuye la función de articular redes de poder político y policial para direccionar contratos públicos. Influir en ascensos y permanencias de generales de la Policía Nacional, proteger operaciones mineras ilegales y encubrir actos ilícitos en la administración pública.
Santiváñez no pasará por los peritajes de voz
Como se informó, a Juan José Santiváñez lo citó el Ministerio Público para que pase por unos peritajes a fin de contribuir a la investigación sobre audios atribuidos con el capitán PNP, Junior Izquierdo, para determinar su participación o no.
Sin embargo, el titular del Minjus alega que “las pruebas son ilegales”. Parte de la opinión pública considera que al negarse a pasar por las pruebas confirman su vinculación. Santiváñez dice que esta es «una percepción equivocada, generada por la mal información de algunos medios de comunicación».
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